La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) manifestó su preocupación frente a los nuevos impuestos establecidos para el sector de licores, tras la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional.
Según la entidad, la carga tributaria podría alcanzar hasta un 90%, una cifra que calificó como insostenible para la industria.
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De acuerdo con el comunicado oficial de la FLA, la tarifa del IVA para licores pasará del 5% al 19%, además de un aumento significativo en los componentes del impuesto al consumo. El gerente de la fábrica, Esteban Ramos, explicó que “con esta medida, el Gobierno se está apropiando de recursos que deben ser destinados a la salud y la educación, para utilizarlos en gastos que hacen parte del presupuesto general de la nación, lo cual va en detrimento de las finanzas de las regiones”.
El impacto en el precio final para los consumidores también fue señalado por la entidad. Una botella de Aguardiente Antioqueño de $750.000 pasará de pagar $17.500 en impuestos a $33.000, un incremento cercano al 50%, mientras que el Ron Medellín tendría un aumento del 48%. La FLA advirtió que estas subidas afectarían directamente la accesibilidad de los productos y podrían generar movimientos hacia alternativas de menor costo o de origen ilícito.
Riesgos económicos y en la salud pública
En su comunicado, la Fábrica de Licores destacó que la emergencia económica decretada podría generar efectos adversos sobre la salud pública. Según Esteban Ramos, “esta emergencia decretada por el Gobierno nacional, además de representar un riesgo significativo para la estabilidad económica de las regiones, tendrá efectos adversos sobre la salud pública al propiciar un incremento desmedido en el consumo de licor adulterado. Adicionalmente incentiva el contrabando, afectando gravemente las finanzas territoriales”.
El Gobierno, por su parte, expidió la norma que entra en vigencia en 2026 y establece un paquete de medidas tributarias para asegurar recursos destinados a cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación. Según Germán Ávila, ministro de Hacienda, este conjunto de impuestos permitirá un recaudo estimado de $11,1 billones, dentro de un contexto de estrechez fiscal y tras el archivo de la ley de financiamiento.
Medidas fiscales y alcance del decreto
El decreto 1474 incluye, entre otros puntos, un incremento de las tarifas del impuesto al consumo para licores, vinos, aperitivos y similares, así como la imposición de IVA a juegos de suerte y azar operados por internet. Además, establece un impuesto nacional al consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, y mantiene la cesión de cinco puntos porcentuales del IVA a favor de los departamentos.
El decreto también contempla ajustes en impuestos sobre el patrimonio, sobre la renta del sector financiero y un impuesto temporal sobre hidrocarburos y carbón, con el objetivo de cubrir un hueco fiscal de $16 billones previsto para 2026. Expertos han señalado que la medida constituye, en la práctica, una reforma tributaria por decreto, mientras la Corte Constitucional evaluará, tras volver de la vacancia judicial, si el uso de facultades excepcionales está justificado.
La FLA, al igual que varios expertos legales, advirtió que la aplicación de impuestos mediante un estado de emergencia genera discusión sobre la separación de poderes y la potestad tributaria del Congreso, al tiempo que plantea interrogantes sobre la constitucionalidad de estas medidas, el uso de facultades excepcionales por parte del Ejecutivo y los posibles efectos económicos y sociales que podrían derivarse del aumento de tributos sin la aprobación legislativa ordinaria.
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia aseguró que el incremento de impuestos sobre licores, en particular, se suma a otras medidas que han afectado a sectores productivos y a consumidores, planteando desafíos económicos y administrativos a nivel regional.