El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas del subsecretario de Hacienda de Antioquia, Martín Jaramillo, sobre la repatriación de fondos de pensiones invertidos en el exterior.
A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que la medida no implica la expropiación de los recursos de los trabajadores y defendió la intención de que estos ahorros se inviertan dentro del país. La discusión surge en medio de un proyecto de decreto que busca trasladar cerca de $250 billones desde inversiones en el extranjero hacia Colombia.
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En su mensaje, Petro se dirigió directamente a Jaramillo y cuestionó su análisis: “Mi estimado Martín debe estudiar más administración, usted fue subsecretario de hacienda y ahora entiendo el porqué de su planteamiento equivocado, dada la enorme influencia de los dueños del segundo fondo privado pensional en la política local”.
Jaramillo insinuó que el gobierno se “tumbaría” los ahorros pensionales, ante lo cual el presidente explicó que los recursos de los afiliados permanecerán en sus cuentas y aclaró que la iniciativa busca que los fondos inviertan en Colombia si los trabajadores así lo desean.
“Si se repatrian los ahorros pensionales de los trabajadores, no se expropia la cuenta de ningún trabajador, están continúan tal cual las pactaron con los administradores privados de los fondos. No desinforme a la población”, añadió Petro, en un mensaje que también cuestiona la práctica de invertir recursos de los afiliados en el extranjero sin su autorización.
Críticas técnicas y preocupaciones de la URF
La propuesta del Gobierno ha generado cuestionamientos desde distintos frentes técnicos. Mónica Piedad Higuera Garzón, que ejerció como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) hasta diciembre de 2025, advirtió sobre los riesgos financieros de una repatriación acelerada de los recursos. “Ese dinero es de seguridad social”, indicó, recordando que los fondos están invertidos en productos de mediano y largo plazo que no pueden liquidarse de forma inmediata sin generar impactos en la tasa de cambio y la estabilidad del sistema financiero.
Higuera calificó como “fatal” una propuesta de repatriación de 125 billones de pesos en seis meses y subrayó que la política debe basarse en estudios técnicos rigurosos. En su cuenta de X, escribió: “Es muy interesante ver como desde el desconocimiento el ministro quiere hacer algo que cree bueno para el país: Traer inversión para que se invierta en el país... Tomen decisiones serias y rigurosas con el país y con los colombianos. ¡Dejen de improvisar!”
Según la exdirectora, la decisión de repatriar fondos no consideró el análisis técnico necesario y reveló tensiones internas en el Gobierno: “Las órdenes del presidente se cumplen”, afirmó que le dijeron, lo que a su juicio limita el disenso técnico en la toma de decisiones. Higuera confirmó que su renuncia estuvo relacionada con este desacuerdo: “Confirmo. Por eso fue mi renuncia”, respondió sobre la razón de su salida.
Argumentos del Gobierno y gradualidad del proceso
El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, justificó la medida como una forma de facilitar la ejecución de obras de infraestructura que actualmente carecen de recursos debido a restricciones fiscales. Petro sostuvo que la repatriación no sería inmediata y detalló que el proceso será gradual, comenzando por frenar nuevos flujos hacia el exterior, considerando que una parte importante de los recursos ya está comprometida en inversiones de baja liquidez.
El presidente aseguró que la iniciativa beneficiaría la economía nacional al incentivar la inversión interna y la generación de empleo: “Si el ahorro pensional se queda en Colombia, baja la tasa de interés real para préstamos de largo plazo, como la vivienda y se reactiva la industria”. Además, argumentó que la medida no favorece a los dueños de los fondos privados, sino que busca proteger la riqueza nacional: “Defiendo es el interés general como ordena la Constitución”.
En este contexto, la discusión sobre la repatriación de fondos de pensiones y la posible afectación a los ahorros de los trabajadores continúa generando debate público y técnico en Colombia, mientras el Gobierno busca equilibrar la inversión interna con la seguridad del sistema financiero.