En una alocución presidencial transmitida el lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo legal vigente para 2026 será de $1.746.880. Con el auxilio de transporte, el ingreso total mensual ascenderá a $2.000.000.
El anuncio se registró luego de que no prosperara un acuerdo en la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y centrales obreras, lo que derivó en la expedición del decreto con un aumento del 23%.
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La decisión generó reacciones en distintos sectores políticos y económicos. Una de ellas fue la del exvicepresidente y exsenador Humberto de la Calle, que se pronunció a través de su cuenta en X. En su mensaje, el también ex jefe negociador del Acuerdo de Paz planteó una reflexión sobre el contexto político y las respuestas de los sectores críticos al Gobierno frente al aumento del salario mínimo.
Posición de Humberto de la Calle
En su publicación, De la Calle inició aclarando su posición política frente al actual Gobierno. Señaló que “no he sido (dos veces voto en blanco) ni seré petrista”, y agregó que no considera necesario demostrarlo. A renglón seguido, explicó que durante su paso por el Congreso apoyó algunas iniciativas del Ejecutivo cuando las consideró adecuadas, enfatizando que lo hizo “de manera independiente”.
El exsenador centró parte de su mensaje en la reacción de los sectores que se oponen al Gobierno. Al referirse al debate sobre el salario mínimo, sostuvo que “la reacción del ‘establecimiento’ sobre el salario mínimo exige un examen”, en referencia a la forma como se desarrolló el proceso de concertación. En ese contexto, recordó que cuando las organizaciones sindicales propusieron un incremento del 16%, la negociación se rompió y uno de los gremios empresariales se retiró de la mesa.
De la Calle indicó que, de haberse alcanzado un acuerdo, incluso uno que calificó como “un mal acuerdo”, el Gobierno no habría tenido la posibilidad de expedir el decreto con el aumento del 23%. Con esa afirmación, planteó que el desenlace estuvo marcado por la falta de consensos entre las partes involucradas.
En otro tramo de su pronunciamiento, el exvicepresidente señaló que en el debate público se “sobrevalora la capacidad del ‘establecimiento’ y se subvalora la del PH”, en alusión al Pacto Histórico. Según explicó, una situación similar se presentó durante la discusión de la reforma laboral, proceso que culminó con la expedición de decretos por parte del Ejecutivo.
Finalmente, De la Calle llamó a ajustar las estrategias políticas frente al escenario actual. En su mensaje sostuvo que “se necesita más cintura política” y un mayor entendimiento del momento que atraviesa el país. Añadió que “no basta con atacar, con razón, al Gobierno”, y que, independientemente de los desenlaces, existe una nueva realidad política que debe ser gestionada con “más realismo acompañado de creatividad”, así como con la capacidad de congregar apoyos más amplios.
Críticas del Centro Democrático
A las reacciones se sumó el partido Centro Democrático, que cuestionó la decisión del Gobierno nacional. En un comunicado, la colectividad señaló que “el gobierno Petro prometió dar un ingreso mínimo vital, pero le faltó a los colombianos”, y afirmó que el Ejecutivo “prefirió el derroche, la burocracia y la corrupción”, trasladando ahora ese costo al empleo.
Según el partido, el aumento del salario mínimo, cuando no está acompañado de medidas de austeridad y de apoyo a las microempresas, puede tener efectos negativos en el mercado laboral. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de pérdida de puestos de trabajo formales.
Además, afirmó que los sectores más impactados serían los pequeños negocios, entre ellos tiendas de barrio, peluquerías y otros establecimientos de menor tamaño. La colectividad sostuvo que este tipo de empresas representan una parte significativa del tejido empresarial del país y que son las primeras en enfrentar dificultades ante incrementos elevados en los costos laborales.
En uno de sus pronunciamientos, el partido reiteró que “cuando los incrementos del salario mínimo no van acompañados de austeridad y apoyo real a las microempresas, el riesgo es que se pierdan puestos formales”, y añadió que estos pequeños negocios concentran cerca del 80% de las unidades productivas a nivel nacional.
Las reacciones al aumento del salario mínimo continúan marcando el debate político y económico del país, en un contexto en el que el Gobierno defiende la medida como un mecanismo para mejorar el ingreso de los trabajadores, mientras distintos sectores advierten sobre sus posibles efectos en la generación y sostenibilidad del empleo formal.