La administración de Sabanalarga, municipio del departamento del Atlántico, experimenta una crisis institucional inédita, marcada por el cierre de su Palacio Municipal y la suspensión temporal de su alcalde, dos hechos que afectan el funcionamiento y dejan a la municipalidad dispersa en sedes alternas y sin su máxima autoridad en funciones.
Este panorama deriva tanto de graves deficiencias físicas y sanitarias en la principal sede administrativa como de una investigación fiscal a gran escala que afecta directamente a sus líderes, según lo plasmado en expedientes y decisiones oficiales.
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En la actualidad, ninguna dependencia de la Alcaldía de Sabanalarga opera en su tradicional edificación de la calle 21 No. 18-46.
Desde finales de septiembre, por orden del Ministerio del Trabajo, el recinto permanece clausurado tras verificarse, con apoyo de la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura, condiciones que implican “riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad” de los empleados municipales.
El informe detalla excrementos de palomas, murciélagos y roedores; humedad, goteras, instalaciones eléctricas dañadas, baños colapsados, carencia de extintores y de detectores de humo, así como archivos y bodegas en estado inseguro.
Además, el reporte oficial consigna casos concretos de trabajadores afectados en su salud como consecuencia directa de ese entorno.
El proceso que desembocó en el cierre lo iniciaron tres sindicatos: Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa, los cuales presentaron denuncias formales ante el Ministerio del Trabajo argumentando que el personal laboraba en condiciones insalubres y peligrosas.
Su intervención, reconocida en los documentos estatales, fue decisiva para que la autoridad laboral concluyera que la situación excedía lo transitorio o menor, ordenando el inmediato traslado y la suspensión de la atención al público en el Palacio Municipal hasta que se realizaran obras integrales y la ARL certificara la seguridad del sitio.
Como resultado de esa medida, todas las oficinas municipales debieron reubicarse en dos casas arrendadas y en instalaciones de un colegio, soluciones consideradas en el expediente como meramente provisionales y que no resuelven la falta de infraestructura administrativa adecuada.
Además, mientras la administración intentaba sortear las dificultades logísticas de la dispersión, otro golpe institucional se materializó: la Contraloría Departamental del Atlántico ordenó la suspensión provisional del alcalde José Elías Chams.
Esta medida, de naturaleza preventiva y no sancionatoria, se enmarca en una investigación de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en proyectos por más de 4.200 millones de pesos, entre los que se incluyen obras de alcantarillado y saneamiento básico en el barrio Evaristo Sourdis junto con otras partidas aún bajo revisión.
La suspensión, de acuerdo con la Contraloría, tendría una vigencia máxima de tres meses, o se mantendría hasta la decisión definitiva del proceso fiscal.
El objetivo declarado es blindar la investigación de influencias desde el ejecutivo municipal. La ejecución de la medida, sin embargo, coincidió con el periodo de vacaciones del alcalde Chams iniciado el 19 de diciembre, lo que generó dudas legales sobre la inmediatez de la suspensión y la vía para el encargo, como explicó el secretario jurídico del Atlántico, Rachid Náder.
Además Chams estaba atendiendo desde su vivienda, por lo que la designación de un nuevo alcalde complicaría el traslado de documentos y equipos para desempeñar la labor.
Mientras se resuelve la forma y el momento en que la suspensión entre en vigor, un funcionario de la administración local asume temporalmente la dirección y el gobernador del Atlántico se encuentra facultado para definir el nombramiento de un alcalde encargado bajo los procedimientos legales correspondientes.
La situación actual deja a Sabanalarga bajo un doble estado de excepcionalidad: sin su antigua casa de gobierno, dispersa en dependencias improvisadas, y con su principal autoridad fuera del cargo en medio de un proceso legal de alto impacto cuya resolución sigue pendiente.