Un ataque armado contra la vivienda de Esteban Martínez, concejal del partido Cambio Radical en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, ha generado preocupación por la seguridad de los líderes políticos locales en Colombia.
En la madrugada del viernes 26 de diciembre, un hombre no identificado disparó en varias ocasiones contra la residencia del edil, según confirmó el propio partido político, en medio de un contexto de amenazas previas y llamados de atención sin respuesta efectiva de las autoridades.
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De acuerdo con imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Cambio Radical, alrededor de las 2:09 a. m., una persona enmascarada y vestida completamente de negro se acercó a la vivienda y efectuó al menos seis disparos antes de retirarse de inmediato.
El partido calificó el hecho como un atentado directo contra la vida de Martínez y la de su familia.
Desde la colectividad política se expuso que Martínez ha denunciado amenazas constantes durante cerca de dos años sin recibir protección, según publicó Cambio Radical en su cuenta oficial de X.
En ese mismo mensaje, la agrupación afirmó: “Nuestro concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez, lleva casi dos años denunciando múltiples amenazas contra su vida y la de su familia. La UNP y el Gobierno han hecho caso omiso y no le han brindado ninguna protección”.
El País de Cali ahondó en que esta falta de respuesta institucional figura entre las principales preocupaciones del partido, que había solicitado acompañamiento y medidas de resguardo en repetidas ocasiones.
La crítica hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno nacional fue reiterada. A través de su cuenta en X, Cambio Radical preguntó: “¿Qué está esperando la UNP?”.
Además, en su comunicado oficial, la colectividad responsabilizó tanto al Ejecutivo que lidera Gustavo Petro como a la UNP, por no haber dispuesto medidas de seguridad para el concejal, subrayando que la situación de riesgo venía siendo advertida con antelación.
Luego del ataque, Cambio Radical reiteró la exigencia de protección inmediata para Martínez y su familia, advirtiendo a las autoridades nacionales sobre su responsabilidad ante cualquier nueva agresión sufrida por el concejal o su entorno.
La superintendente delegada de la SIC denuncia amenazas tras investigaciones sobre contratos en la UNP
La superintendente delegada para la inspección de mercados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, denunció amenazas e intentos de desprestigio tras las acciones de control y vigilancia que la entidad adelanta sobre contratos de vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En un video divulgado en redes sociales, Rusinque aseguró que esta campaña tiene como objetivo debilitar la capacidad de decisión de la SIC y obstaculizar investigaciones que involucran billones de pesos destinados a la protección de personas en riesgo.
Entre los episodios detallados, Rusinque relató que meses atrás sufrió un intento de vulneración de su esquema de seguridad, al ser seguida por personas armadas en motocicletas de alta cilindrada cerca de su residencia.
Según sus declaraciones, estos hechos constituyen una amenaza directa a la seguridad personal y buscan cooptar o neutralizar a las instituciones encargadas de la supervisión del mercado, lo que podría favorecer la corrupción y la impunidad.
La funcionaria señaló que, además de los riesgos físicos, existe una estrategia jurídica y mediática diseñada para deslegitimar su trabajo y dar la impresión de que la SIC actúa fuera del marco legal.
En ese sentido, denunció la publicación de informaciones como la aparecida en la revista Cambio, donde se cuestiona la legalidad de las acciones de la Superintendencia y se enfatizan los planteamientos de los investigados, dejando de lado los argumentos jurídicos que respaldan a la entidad. Rusinque rechazó las afirmaciones sobre la supuesta falta de competencias de la SIC:
“No estamos ante un debate de opiniones, sino ante hechos normativos y judiciales verificables”, manifestó, y recordó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y otras instancias han confirmado la legalidad de las inspecciones y visitas administrativas amparadas por la Constitución, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011.
Rusinque afirmó que incluso un exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, ha avalado jurídicamente las facultades de la SIC respecto a estos procesos, más allá de diferencias políticas.
Adicionalmente, indicó que la presión solo busca convertir a la Superintendencia en una entidad sin peso real, en tanto que “un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder” intenta frenar decisiones clave en investigaciones sobre recursos públicos asignados a personas bajo amenaza.