Antes de ser detenido por el presunto desvío de dinero de la Ungrd, Ricardo Bonilla dejó una carta en la que habla de su defensa y de su asesora

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de Colombia, permanece detenido tras una decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, por motivo de una investigación por el presunto desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La acusación se centra en supuestos “cupos indicativos” y eventuales acuerdos ilegales relacionados con el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN), una situación que, según informó El Tiempo, ha generado un fuerte debate político y judicial.

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El testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, figura como uno de los elementos clave para la Fiscalía, pese a la defensa presentada por el exministro, que insiste en rechazar cualquier implicación.

La detención de Bonilla se produjo durante una audiencia pública, tras la determinación de la magistrada que identificó su presunta vinculación con el desvío de recursos públicos.

El exministro fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional de Bogotá. En el caso también resultan implicados otros exfuncionarios, entre ellos Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Los hechos se remontan a la gestión presupuestal de 2023, periodo en el que presuntamente ocurrieron los acuerdos señalados como base para los delitos investigados.

Antes de la medida de aseguramiento, Bonilla envió una carta a sus allegados y colaboradores. En la misiva, el exfuncionario niega haber participado en un “acuerdo criminal” para la compra de congresistas y sostiene que la figura de los llamados cupos indicativos corresponde a un procedimiento dispuesto por norma para la elaboración y ejecución del PGN. Asegura que el presupuesto fue aprobado “sin ninguna partida dirigida a personas naturales”.

Según el propio Bonilla: “La señora María Alejandra Benavides, en su función de enlace con el Congreso, participó marginalmente y recibió información privilegiada que, como quien escucha las conversaciones en las mesas de al lado y mira detrás de las cortinas, convirtió en relato, que trasladó a Fiscalía y a la Corte Suprema, de actos presuntamente ilegales, de donde surge la acusación de ‘concierto para delinquir’ y ‘acuerdo criminal’”.

Reitera que “no hay una sola partida a nombre de personas naturales y, mucho menos, de congresistas”. Además, defiende que los cupos indicativos, tal como los señala la Fiscalía, son parte de la facultad legislativa del Congreso para distribuir partidas dentro del presupuesto, asignaciones que recayeron en entidades públicas representadas legalmente.

En el documento, el exministro detalla que el PGN 2024 transitó por todas sus fases habituales: en el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Ministros y la Presidencia, con una radicación formal el 29 de julio de 2023.

Luego se designaron ponentes para su análisis en las comisiones económicas y se convocaron audiencias, entre ellas una el ocho de septiembre en Barranquilla. Bonilla señala que los días 18 y 19 de septiembre ocurrieron reuniones en la Dirección de Presupuesto del Ministerio, donde se acordó la ponencia presentada en el primer debate, finalmente aprobada el 20 de septiembre. El segundo y último debate tuvo lugar el 17 y 18 de octubre y dio origen a la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023.

El monto validado por el Congreso, $502.6 billones, no varió respecto a la propuesta del Ejecutivo, si bien hubo redistribuciones internas de fondos, sumando $3.8 billones entre diferentes sectores. Bonilla sostiene que tales modificaciones son prácticas normales del proceso legislativo y que se han interpretado erróneamente como pruebas de irregularidad.

El testimonio de María Alejandra Benavides se sitúa en el centro de la causa judicial, pues su declaración ante la Corte Suprema y la Fiscalía resultó fundamental para la medida de aseguramiento.

La defensa del exministro, encabezada por Mauricio Pava, sostiene que las declaraciones de Benavides han sido sacadas de contexto y que, en realidad, “demuestran la inocencia” de su defendido.

Al respecto, se citan apartes del testimonio de Benavides: “No son palabras explícitas, sino que es lo que yo recuerdo, que cómo iban a ser las ayudas del Ministerio de Hacienda a los miembros de la CICP. A lo cual el ministro no dio respuesta. Él no es muy elocuente”.

En otra intervención, Benavides afirmó: “Si bien daba órdenes, a veces cuando uno le preguntaba, su respuesta era ‘Vale, ok’. Y era difícil leer qué era lo que él estaba solicitando”. Estos argumentos, según la defensa, cuestionan la existencia de un acuerdo criminal y la interpretación de una intención ilícita.

La Fiscalía defiende la plena validez del testimonio de Benavides y enfatiza que existen otros elementos materiales, incluidos videos y registros de comunicación.

Por otro lado, Jaime Andrés López, abogado de Benavides, expresó a El Tiempo que “solo lo dicho ante el magistrado Misael Rodríguez son 50 horas y están sacando ocho minutos. Eso es descontextualizar el dicho de María Alejandra”. López subrayó que la magistrada “sí escuchó las 50 horas” y que también se presentaron otros testimonios ante la Corte.

Además, indicó que Benavides actuó siguiendo instrucciones precisas para asistir a reuniones. Estas posiciones evidencian la disputa entre las partes sobre el papel de Benavides en el caso.

El abogado Mauricio Pava ha insistido en que las decisiones que han llevado a la actual situación judicial carecen, desde su perspectiva, de verdadero respaldo probatorio, y reitera que cualquier declaración de Benavides debe analizarse en su contexto integral. A su vez, López ha optado por no opinar sobre la medida de aseguramiento, limitándose a manifestar su respeto por las decisiones del sistema judicial.

De acuerdo con información obtenida por El Tiempo, la Fiscalía respalda la acusación no solo en el testimonio de Benavides, sino también en material audiovisual y documental que, según su visión, implica a exministros. Entre los cargos formales figuran cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, lo que podría alcanzar no solo a los funcionarios mencionados, sino también a otros congresistas vinculados al trámite del presupuesto de 2023.

En los próximos meses, el proceso judicial continuará puesto que la apelación a la medida de aseguramiento se resolverá durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que Bonilla y Velasco permanecerán privados de la libertad, a la espera de una decisión definitiva sobre su situación jurídica, según reportó El Tiempo.