Termina un año más en Colombia y, como ha sido tradición del presidente Gustavo Petro, que ya entró en el ocaso de su mandato, el 2025 no estuvo exento de polémicas que lo dejaron en el centro de la controversia.
Sin embargo, el país vivió 12 acalorados meses que pusieron en tensión las dinámicas de la política en el país, tanto internas como externas, y que dejaron fuertes repercusiones para varios sectores.
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Donald Trump y Gustavo Petro: migración y aranceles, el inicio de las confrontaciones diplomáticas
Tan solo en el mes de enero, Colombia vivió su primera crisis internacional, después de que la administración de Donald Trump decidiera imponer aranceles al país tras la negativa del Gobierno nacional a aceptar vuelos militares de deportación.
La decisión fue anunciada apenas unas horas después de que el presidente Gustavo Petro confirmara que dos vuelos militares estadounidenses habían sido rechazados en territorio colombiano en la madrugada del 26 de enero. Estas acciones significaron el primer acto público de represalia de la administración Trump contra otro país por motivos de inmigración.
El presidente Petro, a través de una publicación en la red social X, fundamentó la medida argumentando que Estados Unidos “no puede tratar a los migrantes colombianos como criminales” y expresó su desacuerdo específico con el uso de vuelos militares para este propósito.
Petro incluso ofreció el avión presidencial para facilitar la repatriación de los colombianos deportados y señaló en un comunicado oficial que la disposición buscaba “garantizar condiciones dignas”, sin detallar los mecanismos logísticos previstos.
Desde este punto, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia han tenido roces indirectos que han puesto alerta la situación diplomática. Llegando al punto en que Donald Trump ha llamado a Gustavo Petro “líder del narcotráfico” y señalándolo de ser laxo con los carteles y el tráfico de drogas hacia el norte.
Por su parte, Petro ha señalado al país del norte y sus líderes de “asesinos” de pescadores y ha insistido en una supuesta ruptura del derecho internacional humanitario. Generando mayor caos en una ya rota confianza internacional.
El polémico Consejo de Ministros que causó remezón en el Gobierno
Sin embargo, ese fue apenas el principio de un año turbulento en materia política, pues en domingo 10 de febrero inició una de las más profundas fracturas en el gabinete del presidente Gustavo Petro, que enfrentó uno de los momentos más complejos desde el inicio de su mandato.
La renuncia protocolaria exigida a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos se produjo tras una semana atravesada por dimisiones clave, como la de la exministra de Ambiente Susana Muhamad, el entonces ministro de Culturas Juan David Correa, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Jorge Rojas, que además es un aliado cercano de Petro.
La entonces canciller Laura Sarabia, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y otros altos funcionarios también presentaron su renuncia, algunos de forma irrevocable.
En el trasfondo de esta crisis destacó la designación de Armando Benedetti como nuevo jefe de despacho presidencial el 4 de febrero, una jugada que precipitó la salida de varios miembros del gabinete.
Benedetti, con más de tres décadas en la política y un historial de polémicas —incluidas denuncias de corrupción y agresiones machistas, aunque sin condena—, representó para muchos la encarnación de la política tradicional colombiana que la izquierda buscaba superar.
El punto de inflexión se produjo durante el Consejo de Ministros televisado de casi seis horas, que dejó al descubierto las divergencias internas. Petro, en ese espacio, arremetió contra sus ministros por el incumplimiento de más de 100 promesas de gobierno, defendiendo abiertamente a Benedetti a pesar de las críticas provenientes incluso de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez y la propia Muhamad.
Márquez expresó que “respetaba, pero no compartía” el nombramiento de Benedetti, y denunció actitudes irrespetuosas de Sarabia hacia ella y su equipo.
Los tentáculos de ‘Papá Pitufo’ en la campaña Petro
Ahora bien, en febrero de 2025 también fue noticia el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, que resultó involucrado en la presunta financiación ilícita de la campaña de Gustavo Petro.
Ese mes, Petro reveló públicamente que Marín intentó infiltrar su campaña, reconociendo la devolución del dinero y explicando que la operación debió quedar registrada en video.
Sin embargo, la existencia y el contenido de esa grabación se volvieron objeto de disputa, ya que Cambio reportó ese mismo mes que tuvo acceso a un video distinto al que Petro había ordenado.
Durante abril de 2024, Petro manifestó haber solicitado al presidente español Pedro Sánchez apoyo para capturar a Marín en Valencia. Tras huir a Portugal bajo libertad provisional, Marín fue recapturado en diciembre de 2024 y Colombia gestiona actualmente su extradición. El caso provocó una crisis en el Gobierno, con renuncias y denuncias cruzadas entre funcionarios.
La consulta popular que nunca llegó
Para marzo de 2025, el mecanismo de la consulta popular, que el presidente Gustavo Petro planteó tras el hundimiento de la reforma laboral en el Senado, generó un intenso debate político en Colombia.
En abril, el Gobierno nacional difundió un listado de 12 preguntas que los ciudadanos considerarían en una eventual votación, y en junio el mandatario firmó el decreto para realizar la consulta el 7 de agosto, a pesar de que el Senado ya había rechazado la iniciativa en una sesión plenaria.
El proceso, sin embargo, no siguió adelante. La razón principal fue que la reforma laboral, cuyo hundimiento motivó la propuesta de consulta, fue finalmente aprobada por el Congreso. De este modo, la consulta popular impulsada por Petro quedó sin efecto, al no existir ya el motivo original para su convocatoria.
El polémico listado de “recomendados” en la Dian
La controversia en torno al presunto listado de “recomendados” en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) implicó a al menos 38 congresistas de diferentes partidos, así como a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro y a antiguos funcionarios gubernamentales.
Este documento, según información entregada por el exdirector Luis Carlos Reyes a la Fiscalía General de la Nación, se convirtió en el epicentro de un intenso debate político a mediados de febrero.
Entre los nombres que figuraban en el listado, la Fiscalía recibió referencias de exministros y altos exfuncionarios, incluyendo a José Antonio Ocampo, que se desempeñó como ministro de Hacienda, así como Gregorio Eljach, exsecretario del Senado, y actual procurador general; y Armando Benedetti, exembajador y actualmente ministro del interior.
Además, en el documento aparecieron congresistas que han mantenido posturas críticas hacia el Gobierno, como el expresidente del Senado Efraín Cepeda, y parlamentarios de partidos de oposición como Enrique Cabrales, Yenica Acosta, y Óscar Darío Pérez del Centro Democrático; así como varios integrantes del Partido Conservador y Cambio Radical.
La situación generó reacciones inmediatas en regiones como Norte de Santander, donde se mencionó a los senadores y representantes Edgar Díaz, Wilmer Carrillo, Ciro Rodríguez y Jairo Castellanos.
Estos legisladores solicitaron a Luis Carlos Reyes que aclarara públicamente los señalamientos, exigiendo detalles precisos sobre “la fecha y hora exacta en la que se habrían dado las reuniones”, bajo advertencia de iniciar demandas por injuria y calumnia si no se rectificaban las acusaciones.
El impacto de la filtración del listado, que forma parte de una investigación penal, puso en entredicho la transparencia en la gestión de cargos públicos y la relación entre el poder legislativo y la administración tributaria.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay tras un ataque armado ocurrido durante un acto político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, reavivó la preocupación por los riesgos que enfrentan los líderes políticos en Colombia.
La noticia de su muerte fue confirmada en la madrugada del 11 de agosto por su esposa, María Claudia Tarazona, y fue el cierre de una lucha médica que se extendió durante dos meses después del atentado sufrido el 7 de junio.
El senador, que era precandidato presidencial por el Centro Democrático, fue inicialmente atendido cerca del lugar del ataque, pero debido a la gravedad de sus heridas, los equipos de emergencia optaron por trasladarlo a la Fundación Santa Fe.
El asesinato de Uribe Turbay fue interpretado como un episodio que revivió los periodos más duros de la violencia política en el país –época en la que varios candidatos presidenciales fueron víctimas de atentados letales–.
La reciente investigación oficial ha señalado que la Segunda Marquetalia, una disidencia de la guerrilla de las Farc, figura entre los principales sospechosos del crimen. Hasta la fecha, las autoridades mantienen abierta la pesquisa, intentando esclarecer las circunstancias y responsables de un ataque que ha dejado una huella profunda en la opinión pública y en el panorama político nacional.
La condena de Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal por la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, durante el fallo emitido el lunes 28 de julio de 2025.
El caso, iniciado hace 13 años, es considerado uno de los más complejos en la historia judicial reciente de Colombia. Entre las pruebas aceptadas, la jueza validó las interceptaciones telefónicas a Uribe efectuadas del 12 al 27 de marzo de 2018 durante días hábiles, remarcando que el procedimiento se ajustó a la ley y que cualquier error fue subsanado de inmediato por los funcionarios responsables. Además, se dio validez a las grabaciones realizadas por Juan Guillermo Monsalve con un reloj espía en la cárcel La Picota, luego de que los peritajes indicaron que esos registros eran confiables y sin manipulación.
Sin embargo, en agosto, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó el fallo de primera instancia y revocó la condena a 12 años de prisión domiciliaria, por lo que la batuta quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Esto dio paso a que el expresidente se presentará en la lista para las eleciones al senado y reiniciara su campaña en favor del partido Centro Democrático y su actual precandidata presidencial Paloma Valencia.
La consulta del Pacto para elegir a su candidato
A pesar de los incidentes logísticos, las denuncias sobre falta de garantías y el ambiente político tenso, la consulta interna del Pacto Histórico logró superar la marca de dos millones de votos, según los resultados oficiales reportados el domingo 26 de octubre.
La jornada de votación estuvo marcada por dificultades desde el inicio. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, cerca de 4.000 puestos de votación rurales fueron trasladados a cabeceras municipales, lo que afectó la capacidad del Pacto para movilizar a sus bases en el campo colombiano, consideradas uno de sus principales bastiones.
Esta denuncia se sumó a los reportes de al menos 37 incidentes logísticos, según información publicada por la fundación Pares, que incluyeron fallas en la plataforma de la Registraduría durante el conteo y generaron críticas sobre la transparencia y las garantías del proceso.
A pesar de estos contratiempos, el liderazgo de Iván Cepeda dentro de la consulta fue contundente. Sobre las 5:30 p. m., y en medio del retraso para la entrega de resultados oficiales, se confirmó su victoria con 664.963 votos (63,75 %) sobre los 313.646 votos (30,07 %) de su contendiente Carolina Corcho. Incluso figuras políticas que no forman parte del Pacto, como Angélica Lozano, reconocieron públicamente estos resultados.
Las expectativas dentro del partido, sin embargo, eran más altas. Las bases del Pacto apuntaban a obtener entre tres y cinco millones de votos, cifra que no se alcanzó debido a las irregularidades y problemas organizativos señalados por sus máximos representantes.
El agarrón entre el Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño
El anuncio de la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la contienda presidencial del Centro Democrático sorprendió tanto a la colectividad como al propio afectado, quien se enteró por un comunicado difundido en redes sociales el 1 de diciembre.
El comunicado explicó que la decisión se tomó después de que, según información proporcionada por Abelardo de la Espriella al expresidente Uribe, el exprecandidato lo habría llamado para expresarle su renuncia y su decisión de apoyar su campaña.
La salida de Uribe Londoño fue la culminación de una serie de desencuentros y molestias acumuladas dentro del partido. Desde antes de la confirmación de su candidatura, surgieron diferencias significativas.
Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, la familia propuso a Juan Carlos Pinzón como posible reemplazo, lo que fue mal recibido por sectores del partido que lo consideraban ajeno a su línea política. Posteriormente, al oficializarse la candidatura de Uribe Londoño, se generó malestar cuando este anunció que había asumido el lugar de su hijo por pedido directo de Álvaro Uribe, algo que, según algunos miembros de la colectividad, no fue así.
Uno de los momentos más tensos se vivió a principios de noviembre, cuando la encuestadora brasileña AtlasIntel renunció a participar en el proceso de selección del candidato presidencial uribista, argumentando un posible “riesgo reputacional”.
Según lo informado, un allegado a la campaña de Uribe Londoño intentó contratar a la firma, lo que fue rechazado por la empresa al considerar que comprometía su imparcialidad. Posteriormente, la campaña vetó a AtlasIntel, lo cual generó un fuerte intercambio de cartas entre Uribe Londoño y la dirección del partido, siendo interpretado por algunos como un intento de favorecer a Pinzón.
Este episodio derivó en la cancelación de la metodología previamente acordada para elegir al candidato y obligó a la colectividad a replantear su hoja de ruta en las semanas siguientes.