Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia informaron que levantan su participación en el proceso de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una estructura armada ilegal vinculada a disidencias de las Farc.
La decisión fue comunicada tras la exclusión de su representante en la mesa de negociación, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, por parte del equipo negociador del Gobierno Nacional, según un pronunciamiento conocido este 22 de diciembre de 2025 y divulgado por BLU Radio.
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De acuerdo con el comunicado, la salida de los militares retirados se produjo luego de desacuerdos sostenidos con el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa.
El documento señala que el delegado de los militares fue apartado tras manifestar su rechazo a los atentados contra integrantes del Ejército Nacional en Putumayo y plantear que cualquier eventual desmovilización de la CNEB debía estar condicionada a la extradición de Andrés Rojas, alias ‘Araña’, identificado como uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización armada.
Los firmantes del pronunciamiento explicaron que su participación en los acercamientos se dio a través de la Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, un espacio que agrupa a 80 organizaciones de militares retirados.
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Indicaron que su presencia en el proceso se desarrolló con asesoría técnica y jurídica, y que estuvo guiada por principios de defensa de la institucionalidad, la legalidad y el respeto por el Estado de Derecho. No obstante, afirmaron que la decisión del equipo negociador de desconocer a su delegado alteró las condiciones bajo las cuales habían aceptado participar.
En el comunicado, los militares retirados manifestaron que la exclusión del coronel (r) Ariza Girón se dio de manera “inexplicable”, lo que motivó el retiro colectivo del acompañamiento que venían brindando a los diálogos con la CNEB.
Según expusieron, el papel del delegado consistía en canalizar observaciones técnicas y expresar preocupaciones relacionadas con la seguridad de la fuerza pública y de la población civil, dentro de los márgenes legales.
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El pronunciamiento también incluyó seis preocupaciones centrales frente al rumbo que, a juicio de los firmantes, están tomando los diálogos en el marco de la política de paz total. Entre los puntos señalados se mencionó la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la ausencia de un marco jurídico claro que regule los acercamientos, y el riesgo de interferencia electoral en 2026.
A ello se sumaron advertencias sobre la falta de garantías verificables de desarme, el peligro de nuevas disidencias asociadas al control de economías ilícitas y la impunidad frente a delitos cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fue descrita en el comunicado como una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, integrada por distintos frentes y estructuras armadas.
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Entre ellas se encuentran los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Los militares retirados señalaron que esta organización mantiene influencia en corredores estratégicos y en áreas donde operan economías ilícitas.
En cuanto a los liderazgos identificados, el documento menciona a Walter Mendoza, conocido como José Vicente Lesmes, señalado como jefe máximo y representante político del grupo; a Andrés Rojas, alias ‘Araña’, comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y a Andrés Allende Perilla, alias ‘Allende’, identificado como líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se hace referencia a otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a control territorial y actividades ilícitas.
Los militares retirados reiteraron que su retiro del proceso no implica un desconocimiento de la necesidad de escenarios de diálogo, sino una diferencia frente a la forma en que se están conduciendo los acercamientos actuales.
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En ese contexto, señalaron que mantienen su disposición a contribuir a iniciativas de reconciliación, siempre que estas se desarrollen “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”.
El comunicado precisó que no respaldarán negociaciones que, a su juicio, se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos atribuidos a las estructuras armadas ilegales involucradas en los diálogos, posición que fue reiterada tras la decisión de apartarse de la mesa con la CNEB.