En lo que va del siglo XXI, Colombia ha recurrido al estado de emergencia económica en siete ocasiones, una herramienta constitucional que permite al Presidente de la República dictar decretos con fuerza de ley ante situaciones extraordinarias que requieren una respuesta inmediata. Esta figura se ha utilizado para atender crisis sanitarias, desastres naturales, fenómenos climáticos, choques fiscales y situaciones sociales de gran impacto.
Con la más reciente declaratoria del Gobierno de Gustavo Petro, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, se busca recaudar $16 billones mediante decretos legislativos temporales.
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1. Damnificados por lluvias intensas (7 de diciembre de 2010) – Decreto 4580 de 2010 – Gobierno Juan Manuel Santos
El 7 de diciembre de 2010, fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en diversas regiones de Colombia, dejando miles de damnificados y afectando infraestructura pública y viviendas. El gobierno de Juan Manuel Santos decretó el Decreto 4580 de 2010, estableciendo un estado de emergencia económica para agilizar la asignación de recursos destinados a asistencia humanitaria y reconstrucción.
La declaratoria permitió reconstruir viviendas, reparar carreteras y garantizar el suministro de agua potable, así como implementar programas de rehabilitación para las comunidades afectadas. Gracias a esta medida, las autoridades pudieron responder de manera inmediata y coordinada, evitando un mayor deterioro de las condiciones de vida de la población.
2. Crisis migratoria venezolana (15 de septiembre de 2015) – Decreto 1821 de 2015 – Gobierno Juan Manuel Santos
El 15 de septiembre de 2015, Colombia enfrentó la llegada masiva de migrantes desde Venezuela, lo que generó presión sobre los servicios de salud, educación y mercados laborales en varias regiones. Ante esta situación, el Gobierno decretó el Decreto 1821 de 2015, que permitió liberar recursos y garantizar atención humanitaria inmediata.
Entre las medidas adoptadas se incluyeron la apertura de centros de atención y registro de migrantes, implementación de programas de integración educativa y sanitaria, y fortalecimiento de políticas públicas locales. Esta acción permitió que el Estado pudiera responder con rapidez a la crisis migratoria, protegiendo los derechos y servicios esenciales de la población.
3. Desastre de Mocoa (6 de abril de 2017) – Decreto 601 de 2017 – Gobierno Juan Manuel Santos
En abril de 2017, una avalacha en Mocoa, Putumayo, dejó centenares de víctimas y provocó una destrucción masiva de infraestructura. El Gobierno decretó el Decreto 601 de 2017, estableciendo un estado de emergencia económica para agilizar la asistencia a los damnificados y la reconstrucción de la ciudad.
El decreto permitió la movilización inmediata de recursos y contratación de obras de emergencia, así como garantizar la provisión de vivienda temporal, atención médica y alimentos. La rapidez de esta respuesta fue fundamental para coordinar acciones entre entidades nacionales, locales y organismos humanitarios de manera eficiente y eficaz.
4. Pandemia de COVID‑19 (17 de marzo de 2020) – Decreto 417 de 2020 – Gobierno Iván Duque
El 17 de marzo de 2020, el presidente Iván Duque decretó un estado de emergencia económica, social y ecológica ante la expansión del COVID‑19 en Colombia, mediante el Decreto 417 de 2020. Esta medida habilitó al Gobierno para adoptar acciones extraordinarias que mitigaran el impacto sanitario y económico, incluyendo la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias.
Durante esta emergencia, se implementaron programas de apoyo financiero a hogares y empresas afectadas por las cuarentenas, así como medidas para garantizar servicios básicos y fortalecer el sistema de salud. Además, se habilitaron mecanismos especiales de contratación y gasto público, permitiendo responder rápidamente ante la crisis sanitaria.
5. Fenómeno de El Niño en La Guajira (2 de julio de 2023) – Decreto 1085 de 2023 – Gobierno Gustavo Petro
El 2 de julio de 2023, el presidente Gustavo Petro declaró estado de emergencia económica y social en La Guajira debido a la sequía provocada por el Fenómeno de El Niño, que amenazaba con escasez de agua y malnutrición en la región. El Decreto 1085 de 2023 permitió implementar acciones extraordinarias en salud, educación, agua y energía para mitigar los efectos del fenómeno climático.
Varios de los decretos expedidos fueron revocados posteriormente por la Corte Constitucional, por no cumplir los requisitos de causalidad directa exigidos por la Constitución, generando debate sobre los límites del poder presidencial en situaciones de emergencia.
6. Violencia y choque fiscal en el Catatumbo (24 de enero de 2025) – Decreto 62 de 2025 – Gobierno Gustavo Petro
El 24 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro decretó estado de emergencia económica ante la escalada de violencia armada en la región del Catatumbo y la necesidad de recursos extraordinarios. El Decreto 62 de 2025 incluyó paquetes de impuestos temporales, como gravámenes sobre juegos de azar online, timbre y exportaciones de carbón y petróleo, con el objetivo de recaudar aproximadamente $1 billón.
La medida también contempló acciones excepcionales para seguridad y protección social en las zonas afectadas, y fue revisada por la Corte Constitucional para garantizar su cumplimiento con la legalidad vigente.
7. Brote de fiebre amarilla (16 de abril 2025) – Gobierno Gustavo Petro
En 2025, el Gobierno decretó emergencia sanitaria y económica por un brote de fiebre amarilla en varias zonas rurales. La declaratoria buscaba acelerar la vacunación y fortalecer la respuesta del sistema de salud, así como movilizar recursos y personal médico hacia las áreas más vulnerables.
Aunque los casos no se expandieron de manera significativa, la medida permitió garantizar atención médica oportuna y prevenir un potencial brote mayor, demostrando la importancia de este mecanismo para enfrentar emergencias sanitarias con rapidez y efectividad.