Jorge Enrique Ibáñez, que preside la Corte Constitucional, evalúa llamar a una reunión fuera del calendario habitual para discutir la posible declaración de emergencia económica por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Esta información fue compartida por el periodista Ricardo Ospina en las redes sociales y recogida por Blu Radio.
Tras la difusión de la noticia, la senadora María Fernanda Cabal expresó públicamente su respaldo al magistrado y manifestó dudas sobre los motivos que tendría el Gobierno para decretar la emergencia económica. El presidente Petro respondió a las declaraciones de Cabal, participando así en la controversia generada.
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La senadora Cabal manifestó su respaldo al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, luego de conocerse la posibilidad de que el Gobierno de Gustavo Petro decrete una emergencia económica.
En su mensaje, la exprecandidata presidencial del Centro Democrático advirtió que, en su opinión, la intención detrás de la medida no es mejorar la situación del país, sino imponer una carga adicional a los ciudadanos.
“Colombia debe respaldar al magistrado Ibáñez en su defensa del orden constitucional. La emergencia económica que propone Petro no busca aliviar la situación del país, sino exprimir aún más el bolsillo de los colombianos”, escribió en su mensaje la congresista contraria al Gobierno nacional.
En su mensaje de X insistió en la necesidad de analizar cuidadosamente el impacto que tendría una eventual emergencia económica sobre los hogares colombianos.
Cabal señaló que, antes de considerar nuevos impuestos, el Gobierno debería priorizar la reducción de gastos en áreas como embajadas, ministerios y viajes oficiales que, a su juicio, no aportan valor.
“Antes de que esta medida cause estragos en la economía de los hogares, debe ser evaluada con rigor. El camino no es subir impuestos, sino recortar el despilfarro, menos gasto en embajadas, ministerios, consulados y giras internacionales sin sentido”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.
En una respuesta breve, el mandatario Gustavo Petro replicó a las críticas de María Fernanda Cabal, señalando de forma irónica una postura que suele atribuirse a ciertos sectores políticos.
Su comentario resalta la tensión sobre el reparto de la carga fiscal y la protección de los derechos laborales en el contexto del debate por la emergencia económica.
“Que no le pongan impuestos a los ricos y que le quiten la pensión a los trabajadores, dicen por acá”, escribió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego por medio de una publicación en X.
Con respecto a la emergencia económica, el tema adquiere importancia debido a la advertencia hecha por el Gobierno sobre el presupuesto nacional para 2026, que asciende a 516 billones de pesos y enfrenta una posible desfinanciación por un déficit de 16,3 billones de pesos. Este argumento ha sido clave en la justificación oficial de la medida.
A pesar de la premura señalada por el Gobierno, fuentes cercanas a los magistrados citadas por La Silla Vacía sostienen que resulta poco probable que la Corte Constitucional celebre una sesión extraordinaria antes del 10 de enero de 2026, cuando finaliza la vacancia judicial.
Si este cronograma se mantiene, el Gobierno tendría la posibilidad de aplicar el decreto de emergencia económica y sus medidas asociadas por un periodo que podría extenderse de uno hasta cuatro meses, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la decisión.
Fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien comunicó públicamente la determinación del presidente Gustavo Petro de declarar la emergencia económica, haciéndolo oficial durante una conferencia con medios.
Desde ese momento, se han filtrado versiones preliminares de los decretos complementarios que plantean cambios fiscales: una subida en el impuesto al patrimonio orientada a quienes posean patrimonios superiores a $2 mil millones, el establecimiento de un umbral más bajo para gravar a más contribuyentes, la aplicación de IVA a apuestas en línea, aumentos en los gravámenes a bebidas alcohólicas, tabacos y cervezas, la creación de un impuesto del 5 x 1.000 y una tarifa adicional temporal sobre la producción de hidrocarburos.
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