El Ministerio Público en la región del Catatumbo ha manifestado su preocupación por la falta de resultados de la fuerza pública ante los secuestros registrados durante 2025.
En los municipios de esta zona, ubicada al noreste de Colombia, se han documentado más de 60 casos de secuestro a lo largo del año, lo que ha generado cuestionamientos acerca de la capacidad de reacción y los métodos utilizados por las autoridades estatales y de seguridad.
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El personero de Ocaña, Jorge Bohorquez, según reportó Caracol Radio, afirmó que observa “inercia” en la actuación de las entidades encargadas de la seguridad.
“Preocupa la inercia de la fuerza pública para contrarrestar, en materia de seguridad y de inteligencia, lo que tienen que hacer para poder generar la libertad de estas personas”, puntualizó Bohorquez, tras la revisión de los casos registrados.
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En su análisis, el personero advirtió que los secuestros mantienen una dinámica diferenciada en la región, ya que la respuesta oficial suele variar en función de la notoriedad de la víctima.
“Parece que los secuestros se han clasificado, se han estratificado en el municipio de Ocaña”, señaló.
Frente a este fenómeno, manifestó que las autoridades han priorizado recursos y capacidades para los casos que involucran personas reconocidas a nivel nacional, mientras que los ciudadanos comunes quedan en una situación de vulnerabilidad frente a las exigencias económicas de los captores.
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De acuerdo con información que publicó el medio radial, la mayoría de las personas secuestradas regresan con sus familias tras el pago de sumas solicitadas.
“No vemos que el Gaula de la Policía rescate, sino que por el contrario todos los secuestrados son liberados luego de que ya acceden a esas peticiones por parte de los grupos o de las personas que lo tienen secuestradas, a esas peticiones económicas”, agregó el personero de Ocaña, que denunció también la ausencia de intervenciones que permitan la recuperación de las víctimas por medios operativos.
Al comparar la situación del Catatumbo con la respuesta estatal en otras regiones, el personero resaltó una diferencia en los resultados cuando las víctimas pertenecen a sectores influyentes, como familias de artistas o políticos.
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“No vemos nosotros el resultado puntual de la fuerza pública frente a ese tema de resultados, como sí ocurre en otras partes del país o cuando ocurre secuestros de personas de alta distinción”, explicó.
Recalcó que cuando se trata de un habitante común, la atención y las estrategias de inteligencia son insuficientes para resolver el caso sin que la familia deba ceder a las demandas de los delincuentes.
Defensoría del Pueblo pidió acción estatal en favor del Catatumbo
La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de una acción estatal sostenida y coordinada para garantizar la vida, la paz y la dignidad en el Catatumbo, región impactada por una crisis humanitaria que entre enero y septiembre de 2025 ha afectado a más de 86.000 personas, según cifras oficiales.
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El 95% de los afectados en esa subregión del noreste colombiano ha padecido desplazamiento forzado o confinamiento, un fenómeno intensificado por enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, sumado a la presencia de minas antipersonal y el uso de drones con explosivos.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expuso en noviembre del 2025 ante la Corte Constitucional que “el Catatumbo afronta una emergencia que exige una respuesta integral, sostenida y con enfoque diferencial” y advirtió que, más allá de la atención inmediata, resulta fundamental fortalecer la reparación a las víctimas y asegurar la implementación del Acuerdo de Paz.
Marín informó que en zonas rurales de Tibú y El Tarra se reportan graves restricciones de acceso a salud, educación y alimentación, así como 30 incidentes recientes con explosivos que han afectado principalmente a la población civil.
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Las cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas dan cuenta de 42 declaraciones recientes de víctimas de incidentes violentos, mientras que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta 6 homicidios, 6 desapariciones forzadas, 27 confinamientos, 115 restricciones de movilidad y 155 desplazamientos forzados, lo que coloca a los firmantes del Acuerdo de Paz en una situación de riesgo particular en el Catatumbo.
Además, señaló que la presencia de actores armados ilegales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) ha generado nuevos focos de vulnerabilidad, especialmente en el sur del departamento de Cesar.
Según la Defensoría, la crisis humanitaria tiene un impacto específico y severo sobre mujeres, niñas y adolescentes, que han denunciado 299 casos de violencia sexual solo hasta septiembre. Se han documentado también 36 casos de reclutamiento forzado que involucran a 64 menores de edad, en su mayoría en el municipio de Tibú.
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La entidad advirtió sobre la necesidad urgente de que el Estado implemente una estrategia integral con enfoque de derechos humanos, territorial y diferencial, tal como lo recomendó en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025.
Este aviso insta al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) a cumplir 20 recomendaciones prioritarias para abordar los riesgos en Catatumbo y sus municipios afectados.
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