En Colombia, la inseguridad dejó de ser un asunto exclusivo del orden público para convertirse en un factor estructural que condiciona el desarrollo económico, la inversión, el empleo y la competitividad del país. Así lo advierte el Informe Periódico del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional: El Impacto de la Seguridad sobre el sector Productivo. El documento, respaldado por cifras contundentes y un análisis integral, resalta que la criminalidad y la violencia, por un lado, afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, y, por el otro, erosionan la confianza empresarial, encarecen los costos de operación y limitan la capacidad de Colombia para integrarse a cadenas de valor regionales y globales.
Al respecto, el presidente del “gremio de gremios”, Camilo Sánchez, afirmó que la seguridad es solo un tema de orden público y un factor clave para la economía del país.
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“Cuando la seguridad se deteriora, se afectan directamente la inversión, el empleo, la confianza empresarial y la garantía de la libre empresa y la propiedad privada. Por eso, hoy más que nunca, las políticas de seguridad deben entenderse como políticas económicas de primer orden”, afirmó el dirigente.
Y es que el deterioro de la seguridad en Colombia se refleja en cifras alarmantes: entre enero y octubre de 2025 se registraron 11.324 homicidios, 527 víctimas de secuestro —el nivel más alto desde 2007— y 1.112 casos de actos terroristas, lo que representa un aumento del 10,6% frente al año anterior. Aunque la extorsión mostró una leve reducción, con más de 10.000 casos reportados, sigue siendo una de las principales amenazas para la continuidad de los negocios.
Los delitos informáticos, por su parte, aunque bajaron un 7% en el último año, mantienen una tendencia creciente de largo plazo, afectando especialmente a sectores con alta dependencia tecnológica.
Deterioro de la actividad empresarial
El informe es enfático al decir que “la seguridad constituye un bien público esencial y su deterioro repercute directamente sobre la actividad empresarial, la generación de empleo, la confianza de los inversionistas y la capacidad de las instituciones para garantizar el ejercicio de la libre empresa y la propiedad privada”.
Además, que “la defensa de estos principios es una condición necesaria para que la economía de mercado opere con eficiencia y para que la sociedad en su conjunto se beneficie de un entorno de estabilidad y de oportunidades”.
Impacto de la criminalidad
La criminalidad impacta de manera directa a las empresas. Amenazas como el homicidio, el secuestro, la extorsión, los atentados a la infraestructura, el hurto y el cibercrimen ponen en riesgo la continuidad de los negocios y la competitividad del país. El informe destaca que la extorsión opera como un “impuesto criminal” que presiona los márgenes empresariales, altera la planeación financiera y condiciona la continuidad de proyectos, afectando por igual a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
A esto se suma la expansión de las economías ilícitas. Colombia alcanzó un récord histórico en cultivos de coca, con 253.000 hectáreas en 2023, lo que representa el 72% de la producción mundial de cocaína, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). La minería ilegal afecta a 29 de los 32 departamentos del país, y el 85% del oro exportado tiene origen ilegal. Además, la deforestación aumentó un 43% en 2024, con más de 113.000 hectáreas arrasadas, lo que agrava los problemas ambientales y sociales en regiones vulnerables.
El impacto de la inseguridad no se limita a la criminalidad directa. Según cifras de Colfecar, a 15 de diciembre de 2025 se registraron 824 bloqueos en las vías del país, lo que significó una pérdida de $2,3 billones en el sector transporte, sin contar el impacto económico indirecto sobre toda la economía nacional.
De igual manera, el Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional advierte que la inseguridad reconfigura las decisiones de inversión, altera los costos, limita la operación y afecta la competitividad del país frente a sus pares internacionales. “La inseguridad es un condicionamiento estructural del crecimiento económico. Sin orden público, sin protección a la vida y a la propiedad, no hay competitividad ni bienestar sostenible. Un entorno seguro es indispensable para el desarrollo, la legalidad y la confianza institucional en Colombia”, enfatizó Camilo Sánchez.
Temor por la presencia de grupos del Clan del Golfo y el ELN
Asimismo, el informe señala que la presencia de grupos armados ilegales se expandió en el territorio nacional. Por ejemplo, el Clan del Golfo pasó de estar presente en 213 municipios en 2019 a 392 en 2024. El Estado Mayor Central y el ELN también han incrementado su presencia, lo que se traduce en mayores riesgos de amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y control territorial por parte de actores criminales.
Así las cosas, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado urgente a entender la seguridad como un componente esencial del desarrollo nacional. “No existe competitividad sin orden público, ni bienestar social sostenible sin protección efectiva de la vida y la propiedad”, concluye el informe.