El municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, fue escenario de un ataque armado perpetrado por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, que dejó como saldo la muerte de dos policías.
El asalto, que se prolongó durante más de siete horas, generó serias dudas sobre la capacidad de respuesta de la fuerza pública y desencadenó reacciones y exigencias de investigación por parte de autoridades y altos funcionarios.
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El ataque se centró en la estación de Policía de Buenos Aires, donde los uniformados resistieron en condiciones precarias la ofensiva de los insurgentes.
Los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño murieron asesinados durante la asonada, mientras la población civil quedó atrapada entre el fuego cruzado y la incertidumbre. La falta de apoyo oportuno a los policías ha generado cuestionamientos sobre los protocolos y la preparación de la fuerza pública para responder a este tipo de emergencias en zonas de alto riesgo.
El general en retiro Jorge Mora, con amplia experiencia en el Ejército, expresó su preocupación por la ausencia de refuerzos y la vulnerabilidad de los uniformados.
“Esto es inaceptable por la ubicación y la situación que se vive; uno no entiende por qué no hay apoyo. Si esto llega a suceder hace 30 años en Mitú, que para llegar un helicóptero se requiere de más de dos horas, pero es que estamos en Buenos Aires, un escenario de guerra y que se supone los medios y las tropas están listos”, afirmó Mora en declaraciones a Semana
El oficial retirado insistió en la necesidad de investigar a fondo lo ocurrido y de establecer las razones detrás de la falta de respaldo tanto a los policías como a la población civil.
“Uno no entiende qué está pasando; lo que está sucediendo en Colombia es supremamente crítico y, si esto lo están haciendo ahora, qué podemos esperar en los próximos meses y sobre todo en un año electoral como el que se aproxima. Es increíble, si por el lado de la vicepresidencia hay un rechazo, una petición directa al ministro de Defensa y la respuesta es que hay un abandono en este departamento, al igual que Nariño y en Norte de Santander”, finalizó Mora.
Las dudas sobre la reacción de la Fuerza Pública motivaron la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía, que busca esclarecer por qué no se presentó el apoyo requerido en un caso de tal gravedad.
Además, se espera una respuesta formal de los comandantes de la Fuerza Pública sobre los procedimientos y decisiones adoptadas durante el ataque.
En el plano político, la vicepresidenta Francia Márquez condenó enérgicamente el ataque y solicitó acciones contundentes al Ministerio de Defensa.
“Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”, manifestó Márquez a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.
La vicepresidenta también hizo un llamado a reforzar la inteligencia y la seguridad en la región, subrayando la importancia de anticipar y neutralizar las acciones de los grupos armados ilegales.
El contexto de seguridad en el Cauca y otras regiones del suroccidente colombiano se ha deteriorado en los últimos meses, con un aumento de ataques atribuidos tanto a las disidencias de las Farc como al ELN y otros grupos armados.
En Suárez, Santander de Quilichao y Cali se han registrado hechos violentos recientes, incluyendo atentados con explosivos y acciones contra la infraestructura institucional.
Alias Iván Mordisco, quien participó en las negociaciones de paz del Gobierno nacional, ha intensificado la ofensiva contra las instituciones y las comunidades, lo que ha incrementado la preocupación por la protección de la población civil y la estabilidad en la zona.
La Fiscalía ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la falta de apoyo a los policías y establecer responsabilidades.
Se espera que las autoridades entreguen respuestas claras sobre los procedimientos adoptados y las medidas que se implementarán para evitar que hechos similares se repitan, especialmente en un contexto marcado por la proximidad de un año electoral y el aumento de la violencia.