La Universidad de Antioquia enfrenta uno de sus momentos más críticos tras recibir un ultimátum del Gobierno Nacional. El Ministerio de Educación otorgó un plazo de solo dos días para presentar medidas de choque que racionalicen el gasto de recursos y un plan estructural de saneamiento financiero, según informó El Colombiano.
El requerimiento se produce mientras la institución, considerada la más importante de Antioquia y una de las mayores del país, atraviesa una severa crisis de liquidez que ya impacta el pago de nóminas.
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Señalamientos de gastos y vigilancia especial
A lo largo de este año, el Ministerio de Educación Nacional recibió alertas sobre supuestos gastos excesivos en funcionamiento y la existencia de nóminas paralelas en la Universidad de Antioquia (UdeA). Además, los reportes citaban dudas de gobernanza y falta de claridad en el manejo de los recursos públicos.
Ante esta situación, en agosto, el ministerio asignó una vigilante especial instalada en el propio campus universitario, una medida que generó malestar en sectores internos por la percepción de vulneración de la autonomía universitaria.
El viernes 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, había manifestado la necesidad de un “plan de salvamento” para la universidad y su extensión a las zonas populares de Medellín y la provincia antioqueña. Además, prometió una próxima reunión especial en su despacho para tratar el caso.
Las directivas de la universidad esperaban ese encuentro, pero lo que recibieron fue una carta formal del Ministerio de Educación, la cual circuló primero en redes sociales y ordenaba la presentación, en un plazo perentorio, de un plan inmediato de austeridad y reducción de gasto. El documento recordaba la posibilidad de imponer sanciones a los funcionarios que desacataran la directriz, según reportó El Colombiano.
Exigencias detalladas para la reducción del gasto
La misiva, firmada por Harold Antonio Hernández, subdirector (e) de Inspección y Vigilancia de MinEducación, estaba dirigida al rector John Jairo Arboleda y especificaba que la universidad debe elaborar y documentar un plan de reducción y contención del gasto de funcionamiento, con aplicación inmediata. Entre las medidas exigidas, se incluyen:
- Suspensión de nuevos acuerdos, convenios o contratos sin relación directa con labores educativas.
- Restricción de viáticos, gastos de representación, publicidad, eventos y cualquier actividad no indispensable.
- Revisión y posible reducción de la contratación a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la Fundación Universidad de Antioquia, señaladas como vía para posibles nóminas paralelas.
- Presentación de un listado de empleados beneficiados con aumentos salariales, junto con los estudios que respalden dichas decisiones.
- Ajuste o terminación de contratos administrativos tercerizados que no resulten necesarios.
El Ministerio de Educación solicitó a la directiva universitaria la justificación exhaustiva de cada gasto y la garantía de que toda erogación cuente con disponibilidad real de caja.
Seguimiento, sanciones y clima de desconfianza
El documento ministerial exige que la Universidad de Antioquia acompañe el plan de austeridad con un esquema de seguimiento y reportes periódicos al ministerio. Según el texto, la administración debe facilitar plena colaboración a la inspectora designada en el campus, suministrando la documentación requerida y probando la entrega con actas y fotografías.
La carta, según el medio ya mencionado, advierte que la falta de colaboración o el incumplimiento de las instrucciones podrán derivar en sanciones administrativas para los directivos universitarios. La advertencia agrava el malestar en la comunidad académica, que ya percibe un nivel de intervención inusual sobre los órganos de autogobierno universitario.
Impacto sobre salarios y futuro financiero
El déficit financiero de la UdeA se considera estructural. Las autoridades universitarias anunciaron a principios de diciembre la necesidad de conseguir al menos 135.000 millones de pesos para cerrar el año. A finales de la semana pasada comunicaron que no todos los profesores ni el personal administrativo recibirían salario ni primas en diciembre.
El secretario general de la universidad, David Hernández, declaró a El Colombiano que ni él ni el rector Arboleda habían sido notificados oficialmente al momento de la difusión de la carta, y confirmó la reunión de los equipos jurídico y financiero de la universidad para preparar las respuestas solicitadas por el gobierno. Otras fuentes citadas por el medio revelaron que, mientras se había anunciado una cita con el presidente Petro, en realidad habrían sido convocados representantes políticos afines al gobierno y no las directivas universitarias.
Sectores internos temen una posible destitución del rector John Jairo Arboleda, lo que evocaría antecedentes de intervenciones recientes en otras universidades públicas como la Universidad del Atlántico.
Próximos pasos y panorama
La universidad debe presentar, además del plan inmediato de austeridad, un programa de saneamiento financiero a largo plazo, que deberá reflejarse en el presupuesto de 2026. Se espera la respuesta formal de la institución y la reacción del Ministerio de Educación Nacional frente al cumplimiento de las órdenes impartidas, en un ambiente de creciente presión y escrutinio público.