Detalles de la red que tramitaba identidades falsas para prófugos extranjeros: Registraduría tomó acciones tras la captura de un funcionario

Según establecieron las autoridades, los documentos obtenidos de manera irregular habrían sido utilizados para permitir el desplazamiento de los extranjeros hacia otros países del continente y Europa

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Tres personas fueron capturadas por su presunta participación en una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes - crédito Fiscalía General de la Nación

Un operativo articulado entre autoridades nacionales e internacionales derivó en la detención de tres personas señaladas de integrar una organización criminal dedicada, presuntamente, a facilitar la obtención fraudulenta de documentos de identidad para ciudadanos extranjeros, con el propósito de permitir su tránsito hacia otros países.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Medellín y Planeta Rica, Córdoba, como parte de la denominada “Operación Velen”.

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La acción fue resultado del trabajo coordinado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos y Migración Colombia. Según la información oficial, los capturados harían parte de una estructura con alcance transnacional que operaba desde Colombia.

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Durante los procedimientos fueron detenidos Natalia Patricia Garcés Galeano, conocida como alias La Madrina, señalada como presunta cabecilla de la organización; su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo, que habría cumplido funciones de coordinación operativa; y Andrés Felipe Saltarín Cartagena, auxiliar administrativo de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén, en Medellín.

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la entidad mantiene coordinación permanente con la Fiscalía y la Policía para combatir actos de corrupción - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Tras conocerse los resultados de la operación, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que fueron canceladas la totalidad de las cédulas de ciudadanía obtenidas de manera irregular por los ciudadanos extranjeros involucrados en este caso.

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se pronunció sobre el caso y destacó el trabajo interinstitucional que permitió descubrir la presunta red. “Trabajamos todos los días con absoluto rigor y determinación para que la Registraduría sea una entidad íntegra y transparente. La coordinación permanente con instituciones como la Fiscalía y la Policía es decisiva para combatir y erradicar cualquier acto de corrupción”, afirmó el funcionario.

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Desde la Registraduría rechazaron la participación de un funcionario de la entidad en las actividades delictivas y aseguraron que deberá caer todo el peso de la ley para quienes infrinjan las normas. Penagos reafirmó el compromiso de la entidad de continuar brindando acompañamiento técnico a la Fiscalía y a la Dijin en las investigaciones que se adelanten sobre hechos de naturaleza similar, con el fin de prevenir la repetición de este tipo de conductas dentro del sistema de identificación nacional.

Así funcionaba la red criminal

Las autoridades atribuyen a los investigados al menos 17 eventos ilícitos relacionados con falsedad documental - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la organización estaría vinculada con al menos 17 eventos ilícitos relacionados con la obtención irregular de registros civiles y cédulas de ciudadanía colombianas. Estos documentos habrían sido tramitados con información falsa para hacer pasar como nacionales a personas oriundas de la República Dominicana que, según las autoridades, tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes en su país de origen.

Los elementos materiales probatorios indican que Garcés Galeano sería la principal articuladora de la red, mientras que Monterrosa Mercado estaría encargado de tramitar la documentación, acompañar a los ciudadanos extranjeros a cumplir las diferentes diligencias administrativas, representarlos ante distintas entidades públicas y reclamar pasaportes ante autoridades departamentales y nacionales.

En ese contexto, se estableció que los pasaportes eran reclamados en gobernaciones de Santander y Huila, así como en sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicadas en Ibagué, Tolima, y Manizales, Caldas. Con estos documentos, los beneficiarios del trámite irregular habrían podido viajar a países como México, Perú, Ecuador o Brasil, desde donde continuaban su desplazamiento hacia Estados Unidos y algunos países de Europa.

Por su parte, Saltarín Cartagena es señalado de haber aprovechado su cargo dentro de la Registraduría Auxiliar de Belén para recibir a los ciudadanos dominicanos, tomar huellas y fotografías, y facilitar los requisitos exigidos por la ley, con el fin de garantizar la expedición de los documentos de identidad. La investigación indica que, bajo esta modalidad, se habrían preparado de manera irregular más de 20 cédulas de ciudadanía.

Proceso judicial y cargos imputados

Dos de los procesados aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Como resultado de las capturas, un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada imputó a los tres detenidos, de acuerdo con su presunto rol y participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso el alcance de las pruebas recaudadas, que incluyen registros de los trámites realizados, documentación presuntamente adulterada y el seguimiento a las diligencias adelantadas ante diferentes entidades del Estado. En este escenario, los cargos fueron aceptados por Garcés Galeano y Monterrosa Mercado, mientras que el proceso continúa su curso conforme a lo establecido por la ley.

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