El Gobierno nacional dejó abierta la posibilidad de emplear bombardeos en la región del Catatumbo como parte de una estrategia para restablecer el orden, en respuesta al incremento de la violencia y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.
Esta postura fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras la conclusión del Consejo de Seguridad realizado en Norte de Santander, donde se evaluaron las medidas de seguridad ante la compleja situación que atraviesa la región.
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En el cierre de su intervención, citada por Caracol Radio, Sánchez confirmó que los responsables del reclutamiento infantil serían los primeros objetivos de eventuales operaciones aéreas.
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El ministro afirmó que “quien recluta a los menores es el responsable por la suerte de los menores combatientes. No dudaremos en actuar y emplear esta capacidad para proteger al pueblo colombiano”.
Durante su declaración, el titular de Defensa enfatizó que el uso de bombardeos constituye una capacidad legal y legítima del Estado colombiano.
“Si es del caso emplearemos operaciones aplicando todo el poder de la fuerza legítima del Estado, como los bombardeos. Eso es una capacidad legal, es una fuerza legítima, existen normas para ello y nosotros la cumplimos cabalmente”, manifestó Sánchez en diálogo con los medios presentes en el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Cúcuta.
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Además, señaló que las autoridades nacionales y regionales ya se encuentran preparadas para enfrentar una posible nueva ola migratoria proveniente de Venezuela, en caso de que se produzca una intervención extranjera en ese país.
Los resultados de las ofensivas oficiales contra los grupos ilegales en el Norte de Santander
En la reunión de seguridad, el jefe de la cartera confirmó que se han realizado múltiples acciones “para mejorar los indicadores de seguridad en la región del Catatumbo”.
“Hemos logrado neutralizar 361 integrantes, hablando solamente de ese grupo criminal o de esos grupos criminales, de los cuales 236 son de la estructura treinta y tres y ciento veinticinco del cartel del ELN”, señaló.
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Añadió que las autoridades han incautado “más de 330 armas” y que “la Policía Nacional, por su parte, ha reportado también la captura de setecientos sesenta y ocho personas en el periodo de la operación Esparta”.
Sánchez también hizo hincapié el trabajo realizado contra las economías ilegales. Informó que se decomisaron “17.754 de cocaína” y “535 galones de combustible”, además de incautar 65 kilos de oro, con un “impacto estratégico superior a los 37.000 millones de pesos contra el grupo narcoterrorista del ELN”.
Respecto a la captura de cabecillas, precisó: “Neutralizamos, por ejemplo, al cabecilla alias Barbas, junto a su estructura criminal del ELN”, y recordó el asesinato de un agente policial en la zona.
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El ministro reiteró la importancia de la inteligencia y la información para prevenir el accionar criminal, y recordó las recompensas que se están ofreciendo por los principales criminales del ELN y las disidencias, así:
“Alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, del ELN, hasta 1.640 millones de pesos por cada uno. Alias Alfredo, ‘Arvey’ y ‘Gonzalo Satélite’, también del ELN, hasta 500 millones. Alias Julián, de las disidencias, hasta 600 millones. ¡Norte de Santander no está solo! Estamos comprometidos con su seguridad y no descansaremos hasta llevar paz y tranquilidad a la región".
El ministro también alertó sobre el preocupante aumento del reclutamiento de menores en la región, al precisar que “en un 63% se ha incrementado el reclutamiento de menores para llevarlos a esos grupos criminales”, y denunció que “nos están robando a nuestros menores”.
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Este fenómeno, según Sánchez, está agravando la crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo, donde operan estructuras del ELN y disidencias de las Farc.
El funcionario también abordó la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela y sus eventuales repercusiones en Colombia. Explicó que, ante ese escenario, la instrucción del Gobierno es recibir a los migrantes y apoyar a las autoridades locales en la gestión de una posible crisis migratoria.