Magistrada de la JEP aseguró que el general Huertas, vinculado con ‘Calarcá’, podría ser designado como responsable de ‘falsos positivos’

El proceso judicial que investiga los ‘falsos positivos’ en Antioquia dio un giro relevante tras la audiencia de reconocimiento de verdad en Granada, donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó los cuerpos de cuatro víctimas a sus familias, dos de ellas menores de 16 años que llevaban desaparecidas veinte años.

Este acto, resultado de la colaboración entre comparecientes y víctimas, marca un avance en la búsqueda de justicia y reparación, en un contexto donde la JEP determinó que existen al menos 1.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y más de 6.400 en todo el país entre 2002 y 2008.

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Durante la audiencia, dos militares retirados señalaron al general Juan Miguel Huertas, entonces capitán y oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.º 4, por facilitar armas para encubrir asesinatos y autenticar órdenes relacionadas con operaciones en las que civiles fueron engañados y ejecutados. La JEP estudia si admite a Huertas en el subcaso de Antioquia, ya que su nombre figura tanto en documentos operacionales como en testimonios recientes.

En el cierre de la audiencia, la magistrada Catalina Díaz explicó a El Tiempo que la diligencia representa un ejemplo de construcción de paz en los territorios, destacando la disposición de las víctimas para escuchar y dialogar. Díaz subrayó que los testimonios de los exoficiales presentes confirmaron el patrón macrocriminal identificado por la JEP.

Cabe recordar que los comparecientes detallaron todas las fases de los crímenes, desde la selección de las víctimas hasta la ejecución, el encubrimiento mediante la falsificación de documentos y el entierro de los cuerpos como N.N. en cementerios alejados de sus lugares de origen, con el objetivo de dificultar su localización y presentar las muertes como bajas en combate.

Según la magistrada Díaz, el general Huertas había rendido una versión voluntaria, cuando la evidencia era insuficiente, pero la nueva información escuchada en Granada lo comprometería de manera seria. Díaz afirmó: “Debemos evaluar si procede llamarlo nuevamente y examinar la posibilidad de seleccionarlo como máximo responsable”, explicó al medio citado.

La JEP logró esclarecer el tiempo, modo y lugar de 600 casos en Antioquia, de los cuales menos de la mitad correspondían a personas desaparecidas. Gracias al trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda, Medicina Legal y la Fiscalía, se entregaron 13 cuerpos a sus familias, aunque al menos 100 víctimas de falsos positivos en Antioquia siguen desaparecidas.

Al concluir las audiencias, la Sala de la JEP deberá determinar si los comparecientes ofrecieron un reconocimiento pleno, detallado y exhaustivo de verdad y responsabilidad. Si se cumple este estándar, la ley exige que la resolución de conclusiones incluya una propuesta de sanción, que para quienes reconocen la verdad completa y la responsabilidad no implica cárcel, sino trabajos, obras o actividades con contenido reparador. La magistrada Díaz precisó que la Sala debe formular estas propuestas con participación central de las víctimas y remitirlas a la Sección del Tribunal para la Paz, que será la encargada de imponer la sanción.

Supuesto vínculo de Huertas con las disidencias de las Farc

El general Juan Miguel Huertas, que fue retirado del Ejército Nacional en 2021 tras la creciente presión pública y judicial, regresó a las filas a mediados de 2025 y está envuelto en otro escándalo que lo vincula con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

Este supuesto contacto con grupos ilegales fue revelado a través de investigaciones periodísticas que apuntaron a posibles acuerdos o relaciones de apoyo entre Huertas y las disidencias de las Farc.

El regreso de Huertas al servicio, bajo la orden del presidente Gustavo Petro, generó una fuerte polémica. El mandatario justificó la decisión como una respuesta a “necesidades del servicio”, pero la medida fue vista por muchos como una señal de posible “pago de favores políticos”, debido a rumores que vinculaban al general con la campaña presidencial.