El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), concluyeron el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, la segunda ronda de diálogos con la firma de un acuerdo de paz que establece la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para combatientes, la ampliación de acciones piloto de paz a 15 municipios, la instalación de un mecanismo internacional de verificación y la adopción de garantías jurídicas y humanitarias.
La Consejería Comisionada de Paz y el documento oficial del proceso, este avance representa un paso relevante en la búsqueda de la paz en las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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El acuerdo firmado en Doha contempla la constitución de tres ZUT en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), donde se prevé la ubicación gradual y progresiva de combatientes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026.
De acuerdo con el documento oficial, el listado inicial de integrantes que ingresarán a estas zonas será entregado al Consejero Comisionado de Paz Otty Patiño y se actualizará de manera progresiva.
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La definición concreta de los lugares rurales específicos para las ZUT se realizará mediante un acto administrativo, y que antes del 3 de febrero de 2026 deberán establecerse los protocolos operativos relacionados con seguridad, logística, monitoreo, resolución de controversias y manejo de material de guerra.
El acuerdo también prevé la suspensión de órdenes de captura y de extradición para los combatientes durante el tránsito hacia las ZUT, con el objetivo de brindar garantías jurídicas y humanas, según el documento oficial.
La implementación de acciones piloto para la consolidación de la paz se amplía a 15 municipios, abarcando territorios de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó.
Según la Consejería Comisionada de Paz, esta medida busca fortalecer la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.
Además de los municipios seleccionados en el ciclo anterior, Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).
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Los grupos de trabajo municipales, conformados por autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, población LGBTIQ+, empresarios y medios comunitarios, desempeñan un papel central en la articulación de estas acciones, según El Espectador y el documento oficial.
El acuerdo establece la creación de un Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, que será instalado el 18 de diciembre de 2025.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) tendrá el mandato de verificar el cumplimiento de los compromisos y de impulsar gestiones de apoyo financiero, técnico y logístico, según el documento oficial.
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Los Grupos de Trabajo Municipal también deberán preparar las condiciones logísticas y administrativas de las ZUT y podrán discutir la creación de nuevas zonas, atendiendo a principios de gradualidad y progresividad.
El documento oficial subraya la importancia de definir condiciones progresivas para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas desde el ingreso a las ZUT. Además, se reitera la invitación a la Fiscalía General de la Nación para informar sobre los avances en el mecanismo especial de priorización de denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El acuerdo incluye medidas para garantizar la seguridad jurídica y humana de los combatientes del EGC, como la suspensión de órdenes de captura y extradición durante el tránsito hacia las ZUT.
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Además, el Gobierno de Colombia, la MAPP/OEA y los representantes del EGC se comprometen a adelantar acciones humanitarias para conocer las condiciones de salud y dignidad de los integrantes del grupo armado que se encuentran recluidos en centros penitenciarios y carcelarios, tanto en el país como en el exterior, según el documento oficial.
El EGC deberá realizar labores pedagógicas internas sobre los compromisos alcanzados en el proceso de paz y entregar al Consejero Comisionado de Paz el listado de sus integrantes para efectos de las acciones humanitarias.
El proceso cuenta con la participación de observadores internacionales, entre ellos representantes de Qatar, España, Noruega y Suiza, así como la Procuraduría General de la Nación y la Fuerza Pública, según el documento oficial. Las agendas, fechas y composición de las delegaciones permanecerán confidenciales para proteger la integridad del proceso.
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El documento también rechaza las acusaciones de que el esfuerzo de paz se centre en la revelación de información sobre el narcotráfico y enfatiza el respeto a la autodenominación del Ejército Gaitanista de Colombia, conforme a la resolución presidencial vigente.
El acuerdo fue suscrito por delegados del Gobierno de Colombia, representantes del EGC y observadores nacionales e internacionales, consolidando un compromiso conjunto para avanzar en la construcción de paz en el país.
El llamado de los firmantes es a que la sociedad colombiana asuma la construcción de la paz como un objetivo común, más allá de diferencias ideológicas o políticas, y a preservar la imparcialidad y la integridad de este proceso.
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