El debate sobre el salario mínimo en Colombia para el año 2026 se intensifica tras la publicación de una carta firmada por exministros, gremios, empresarios y economistas dirigida a la Mesa de Concertación, que se instaló el lunes 1 de diciembre de 2025.
En la misiva, los dirigentes insistieron a los integrantes de la mesa, conformada por el Gobierno colombiano, a través de los Ministerios de Trabajo y Hacienda, las centrales sindicales, los gremios empresariales y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que la negociación se base en criterios técnicos y en la realidad económica del país, advirtiendo sobre los riesgos de incrementos que superen la inflación y la productividad.
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“Consideramos el salario mínimo como una herramienta que garantiza dignidad y protege a los trabajadores formales, en una economía que busca crecer y generar oportunidades. Un piso salarial sólido y sostenible es clave para impulsar la equidad y la protección social (...) La mesa de concertación entre trabajadores, empleadores y gobierno, que se instaló este lunes, debe ser un espacio orientado a acuerdos que reflejen la realidad económica del país. Todos queremos que se logre una concertación”, señalan los firmantes en la carta.
Así mismo, enfatizan que la fijación del salario mínimo para el año entrante tiene un impacto directo en la demanda laboral formal, la oferta de trabajo, la competitividad, la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas, por lo que consideran imprescindible que el proceso de determinación del salario mínimo respete los lineamientos constitucionales y legales.
De igual forma, los exministros y gremios argumentan que, además de la fijación del monto salarial, existen otras medidas más adecuadas para evitar la disyuntiva entre beneficiar a quienes tienen empleo formal y perjudicar a quienes se encuentran desempleados o en la informalidad.
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“En un país donde el 55% de los ocupados es informal -80% en el campo- donde por cada trabajador con salario mínimo hay cuatro informales, las variables más relevantes en la concertación deben ser la inflación y la productividad”, resaltaron.
No obstante, expresaron sus preocupaciones ante las propuestas mencionadas por parte del Gobierno Petro y los trabajadores, que sería por encima de dos dígitos porcentuales, asegurando que esta medida podría afectar especialmente a la población de menores ingresos.
“Aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos (...) el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo de 7,1%. Cada punto porcentual adicional le costará a los contribuyentes y a la Nación cerca de $240.000 millones en pensiones, según Anif, y alrededor de $600.000 millones en gasto total no financiado”, mencionaron.
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En ese sentido, los firmantes exhortan a los participantes de la mesa de concertación a alcanzar un acuerdo responsable, sustentado en criterios técnicos.
“Solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo. Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico”, concluyeron.
La carta fue firmada por 115 destacados líderes gremiales, economistas y exfuncionarios, entre los que se destacan los exministros José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Germán Arce, Rudolf Hommes, Gloria María Borrero, Federico Renjifo, así como Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos y Rafael Orduz, directivo de gremios del sector cooperativo, entre otros.
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Tensiones en el inicio de la Mesa de Concertación
Durante las primeras jornadas de concertación entre Gobierno, centrales obreras y empresarios, se confirmó que la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) no participará en la mesa, al considerar que el Gobierno presentó su propuesta sin que fuera deliberado.
“Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”, indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación.
La postura de Fenalco advierte sobre los riesgos que, a su juicio, implica esta determinación: deterioro de la confianza, pérdida de credibilidad en el sistema de concertación y exposición del país a mayores amenazas en materia de empleo, informalidad e inflación.
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La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para cuestionar la representatividad de Fenalco y acusar al gremio de defender intereses contrarios a los trabajadores.
“Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores gana más, más ganan los comerciantes. Esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”, escribió el mandatario nacional en la red social.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la negativa de Cabal a participar en la discusión y sostuvo que su actitud no representa los intereses de los comerciantes colombianos.
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