El 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia hizo pública una sanción a la campaña Petro Presidente 2022-2026 tras determinar que violaron los límites legales de gasto tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La decisión, adoptada en una sala plena, que se extendió por menos de una hora y contó con la participación de dos conjueces marca un hito en la fiscalización de la financiación electoral en el país.
La resolución de la autoridad electoral revela que la campaña de Gustavo Petro excedió los topes permitidos en un total de $5.300.000.000, de los cuales $3.700.000.000 corresponden a la primera vuelta y no fueron incluidos en los informes oficiales, mientras que los $1.600.000.000 restantes se relacionan con gastos no reportados en la segunda vuelta.
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Tras conocer el fallo, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para realizar ataques constantes contra el CNE, los magistrados, y conjueces involucrados en la decisión.
“Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, expuso Petro en su cuenta de X.
Y agregó: “Lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal”.
En reacción, la organización encargada de la vigilancia y control de la organización electoral publicó un comunicado en el que rechazó las declaraciones del primer mandatario y de políticos afines al petrismo.
“El Consejo Nacional Electoral rechaza de manera categórica las declaraciones, ataques personales y señalamientos que en las últimas horas se han dirigido contra magistradas, magistrados y conjueces de esta corporación, con ocasión de la decisión adoptada por la Sala Plena sobre las irregularidades en la financiación de campaña presidencial 2022”, puntualiza el documento.
A su vez, el Consejo Nacional Electoral explicó que sus fallos no están ligados a ideologías políticas, sino que se basan en pruebas fácticas y procesos de investigación amparados por la ley colombiana.
“Es necesario resaltar que todas las actuaciones de la Corporación se desarrollan dentro de un proceso estrictamente ceñido a la Constitución, la ley y los reglamentos internos, y que las decisiones se adoptan de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender presiones políticas, mediáticas o particulares”.
La autoridad electoral hizo énfasis en la defensa de los magistrados y conjueces involucrados en la decisión. Además, señaló que sus funciones están amparadas en la Constitución Política de 1991, por lo que es de vital importancia proteger a los funcionarios de acciones que intenten vulnerar su trabajo.
“Quienes participan en la deliberación y votación de las decisiones adoptadas por la suprema autoridad en materia electoral lo hacen en ejercicio de una función pública constitucionalmente protegida, por lo que se hace indispensable salvaguardar este cuerpo colegiado de todo ataque que pretenda deslegitimar o desacreditar su labor”, se lee en la misiva.
A renglón seguido aseveró que “debe ser claro que todo acto administrativo es proferido por esta Corporación atendiendo los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, valorando los medios probatorios y con una deliberación rigurosa, garantizando la imparcialidad y lealtad con la administración pública, y que los interesados cuentan con los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano para controvertir las decisiones adoptadas, el virtud del debido proceso y el derecho a la defensa que les asiste”.