La Asociación de Laboratorios de Investigación y Desarrollo (Afidro) y el centro de estudios Proesa presentaron una hoja de ruta con tres propuestas dirigidas a corregir los principales desequilibrios financieros, regulatorios y de acceso a tecnologías en el sistema de salud colombiano.
El documento analiza los problemas actuales del modelo de aseguramiento, la crisis del Invima y las barreras para la llegada de medicamentos innovadores, y plantea acciones para un nuevo gobierno, en un contexto en el que las deudas superan los $27 billones y los pacientes enfrentan demoras en la atención y en la disponibilidad de tratamientos.
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Primera propuesta: una UPC calculada con datos completos
El informe advierte que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que define el valor que recibe el sistema por cada afiliado, está subestimada debido a cálculos basados en datos incompletos. Para 2024, el Gobierno descartó el 63% de los registros disponibles y solo utilizó información de cuatro EPS que representan el 25,69% de la población. Estudios técnicos sugerían un aumento de entre el 15,6% y el 17,3%, pero la UPC se incrementó solo en 5,36%.
Estas deficiencias han profundizado la brecha financiera, incrementado las tutelas por salud y presionado a los hospitales y prestadores, que hoy acumulan deudas que superan los $27 billones.
Ante este panorama, el documento plantea acciones como rediseñar la metodología de cálculo, conformar una mesa técnica nacional con academia y actores del sistema, identificar nuevas fuentes de financiación e implementar un fondo de saneamiento para saldar deudas históricas.
Segunda propuesta: transformación del Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos enfrenta más de 12.000 trámites represados, procesos manuales, baja digitalización y reducción presupuestaria. El rezago ha frenado la producción local y la llegada de medicamentos innovadores, con esperas de hasta cinco años para su aprobación.
Sobre esta propuesta, Infobae Colombia consultó a María Angélica Sánchez, directora de Asuntos Regulatorios de Afidro, que expuso el impacto económico y sanitario de un Invima sin modernización. Explicó que la entidad regula “cerca del 70% de la industria que produce, importa y exporta productos de uso y consumo humano”, por lo que su funcionamiento afecta tanto el acceso a tratamientos como la inversión y el empleo en el sector.
La directiva afirmó que el rezago regulatorio ha tenido un impacto acumulado de crecimiento económico negativo: “El rezago que ha tenido el Invima en los últimos tres o cuatro años ha tenido un impacto económico de –1,1% del crecimiento, unos 360.000 millones anuales, y un potencial de 150.000 empleos perdidos, cerca de 30 mil por año”.
Sánchez explicó que la industria farmacéutica requiere reglas claras y tiempos predecibles para invertir, y advirtió que los retrasos generan incertidumbre y pueden desplazar inversiones hacia otros países. También señaló que las demoras afectan directamente a los pacientes que necesitan medicamentos innovadores, especialmente quienes tienen enfermedades crónicas o de alto costo.
Añadió que el Conpes de reindustrialización encargó al Invima promover incentivos para fortalecer la producción farmacéutica, lo que exige “modelos de regulación inteligente, digitalización y procesos más flexibles”, elementos que aún no se han implementado. Por ello, señaló que “se necesita un nuevo Invima y hacia futuro es una prioridad para el nuevo gobierno”.
La hoja de ruta propone digitalizar el 100% de los procesos regulatorios, implementar mecanismos de confianza regulatoria, crear una nueva comisión revisora científica y asegurar un presupuesto estable anual.
Tercera propuesta: acceso a tecnologías innovadoras mediante acuerdos basados en valor
Afidro y Proesa plantean que los acuerdos de acceso administrado pueden equilibrar sostenibilidad y oportunidad en tecnologías innovadoras, dado que, en Colombia, un paciente con cáncer puede esperar hasta cinco años entre la aprobación de un medicamento por el Invima y su inclusión en el plan de beneficios, afectando gravemente su derecho a la salud.
Aurelio Mejía, director de Asuntos Públicos y Legales de Afidro, habló con este medio aseguró que estos acuerdos no benefician solo a las grandes farmacéuticas, sino que están diseñados para generar equilibrio financiero y acceso oportuno. “Son acuerdos que permiten facilitar el acceso a tecnologías innovadoras, beneficiando a los pacientes, pero con esquemas de pago que dependen del valor que generan las tecnologías”, dijo.
Mejía explicó que el pago está condicionado a los beneficios obtenidos por el paciente, el sistema o la sociedad, lo que evita comprometer recursos sin evidencia de impacto real; y señaló que estos mecanismos ofrecen alternativas para manejar el gasto farmacéutico sin afectar otros servicios del sistema.
Infobae Colombia también le preguntó al director de Asuntos Públicos y Legales de Afidro sobre la discusión de eventuales límites al gasto en medicamentos innovadores. Sobre este asunto, Mejía afirmó que “la cuestión no es un tema de límites, sino evaluar cuánto un país debería estar invirtiendo en salud”, y añadió que un país que invierte más en salud “puede contribuir a mayor desarrollo y prosperidad”
En ese sentido, la propuesta incluye diseñar pilotos de negociación basados en valor, revisar la normatividad para implementar acuerdos de riesgo compartido y fortalecer los procesos de evaluación con criterios amplios que consideren impacto social, clínico y económico.