Jhon Jarly González Espitia, subintendente retirado de la Policía Nacional de Colombia, enfrenta un proceso de extradición tras su captura en España, luego de ser condenado por peculado por apropiación, acceso abusivo a sistema informático, prevaricato por omisión y daño informático.
Al respecto, la Justicia Penal Militar y Policial de Colombia, en coordinación con Interpol Colombia, solicitó la publicación de una Notificación Roja para asegurar su detención internacional y facilitar su retorno al país.
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“A través del Grupo de Investigaciones para la Justicia Penal Militar y Policial, en coordinación con INTERPOL Colombia, se solicitó Notificación Roja contra el Subintendente (R) Jhon Jarly González Espitia, para garantizar su detención en el exterior y avanzar en el proceso de extradición hacia Colombia, luego de haber sido capturado en España por hechos relacionados con falsedad documental, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional”, señalaron en un comunicado.
Adicionalmente, la Justicia Penal Militar y Policial resaltó que la coordinación con Interpol Colombia se mantiene activa para ubicar y asegurar la detención de personas requeridas por hechos de corrupción y otros delitos cometidos dentro de la Fuerza Pública.
“El Grupo de Investigaciones para la Justicia Penal Militar y Policial reafirma su compromiso por mantener la cooperación internacional para garantizar que quienes cometan delitos respondan ante la justicia”, agregaron.
Cronología del caso
El caso se remonta a octubre de 2019, cuando González Espitia, en su calidad de tesorero del Departamento de Policía de Cundinamarca, transfirió 850 millones de pesos a su cuenta personal.
Según la investigación, estos fondos estaban destinados a un convenio de seguridad vial entre la Policía de Cundinamarca y la Policía de Soacha (Cundinamarca).
El fallo judicial determinó que el exsubintendente aprovechó su acceso a claves y cuentas bancarias para realizar la transferencia sin autorización, conducta calificada como corrupción policial y que incluyó delitos informáticos y falsedad documental.
“Resulta más que probado en el proceso que el subintendente (r) González Espitia, aprovechando su condición de tesorero, así como el manejo de las claves y cuentas requeridas para el movimiento de los dineros que ingresaban al departamento por diferentes conceptos, estando autorizado para tal actividad, se apropió en provecho suyo de la suma de $850.000.000”, se lee en el fallo judicial citado por El Espectador.
De igual manera, la investigación detalla que el hombre, a raíz de su cargo, tenía acceso directo a los recursos, los cuales formaban parte de un convenio orientado a fortalecer la seguridad vial y los controles de tránsito y transporte en el municipio aledaño a Bogotá.
La condena, dictada el 1 de julio de 2025 por un juez de la Justicia Penal Militar y Policial, impuso a González Espitia una pena de 140 meses de prisión (11 años y 8 meses), junto con una multa que equivale a 855 salarios mínimos legales vigentes (más de 1.217 millones de pesos), según reveló el diario bogotano. Además, la sentencia estableció la inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de once años.
La captura de González Espitia en España se produjo antes de la solicitud formal de la notificación roja, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional entre las autoridades judiciales de ambos países para su correspondiente envío al país sudamericano.
La publicación de la notificación por parte de Interpol busca garantizar que González Espitia permanezca privado de la libertad en el extranjero hasta que se concrete su traslado a Colombia.
El proceso de extradición continúa, con la participación de autoridades judiciales de Colombia y España, quienes trabajan conjuntamente para que González Espitia responda ante la justicia colombiana por los delitos imputados.
Esta medida forma parte de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en la Fuerza Pública y fortalecer la cooperación internacional en materia judicial.
El caso de Jhon Jarly González Espitia subraya la gravedad de los delitos cometidos por funcionarios encargados de la administración de recursos estatales y las consecuencias legales que enfrentan quienes abusan de su posición para beneficio personal.