A medida que se acerca diciembre, la discusión sobre el salario mínimo empieza a perfilar el ambiente político y económico del cierre de año. Antes incluso de que se instale la mesa de concertación, la cifra de $3.000.000, ya polarizó el debate y puso a los distintos sectores a anticipar sus posiciones. La propuesta apareció tras una publicación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que abrió una conversación inesperada sobre qué debería considerarse un ingreso “digno” en Colombia.
El jefe de la cartera laboral divulgó una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que calcula cuánto necesitaría una familia de cuatro personas para cubrir sus gastos esenciales. La cifra, según ese ejercicio, rondaría los $3.000.000. Para Sanguino, ese monto no es una propuesta concreta, sino una referencia para recordar que, “aún le debemos a los trabajadores un salario mínimo vital a los trabajadores”. Con ese comentario, el ministro buscó resaltar que el ingreso básico vigente todavía queda corto frente al costo real de vida.
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El cálculo difundido por Sanguino se fundamenta en canastas que incluyen alimentación, vestuario y otros rubros indispensables para un hogar promedio. La publicación no pretendía convertirse en el punto de partida de la negociación, pero terminó encendiendo las alarmas en gremios empresariales y expertos que advirtieron sobre el riesgo de construir el debate a partir de cifras que no responden, según ellos, al contexto productivo del país.
La reacción más crítica provino de Aliadas, una agremiación que reúne a cámaras de comercio y asociaciones empresariales de distintos sectores. Para el gremio, hablar de un salario de este nivel sin tener en cuenta los indicadores económicos ni las metodologías del propio sistema de concertación “sería una mala noticia para trabajadores, empresas y para el país”. Su argumento central es que cualquier discusión debe partir de un equilibrio entre bienestar laboral y sostenibilidad empresarial, una fórmula que, aseguran, está contemplada en los estándares internacionales.
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Aliadas recordó que la OIT, a través del Convenio 131, establece que el salario mínimo debe combinar dos dimensiones: por un lado, las necesidades de los trabajadores y sus familias, costo de vida, salarios comparables, protección social; por el otro, la productividad, el nivel de empleo y la capacidad real de las empresas. Para la agremiación, la lectura difundida en redes omitió esta segunda mitad del marco normativo.
El comunicado del gremio insistió en que los avances en ingreso solo se pueden sostener “si también se protege la viabilidad empresarial y el empleo formal”. La noción de un salario “vital y móvil”, continúan, no implica incrementos desconectados de la coyuntura económica, sino un balance entre la protección del ingreso y la estabilidad de variables como la inflación, la competitividad y la sostenibilidad fiscal. “Sin empresas viables y un entorno macroeconómico estable, no es posible sostener mejoras reales en el tiempo”, concluyó Aliadas.
Mientras tanto, en el Ministerio de Trabajo insisten en que la mesa de concertación será el escenario para precisar metodologías, revisar cifras oficiales y plantear propuestas reales. El mensaje que intentó transmitir Sanguino, explican fuentes de la entidad, es que la discusión debe mirar más allá del porcentaje de incremento y preguntarse por la calidad de vida de los trabajadores.
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En el fondo, la controversia reveló el choque de dos visiones que cada año se cruzan en la negociación. Una que busca recuperar poder adquisitivo en un país donde la inflación reciente deterioró los ingresos, y otra que advierte que un ajuste desbordado podría generar más informalidad y afectar la creación de empleo.
Por ahora, la cifra de los $3.000.000 quedó instalada en el imaginario público, aunque ni el Gobierno la ha presentado como propuesta formal ni los empresarios aceptan que pueda ser un punto de partida válido.
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