Durante un debate de control político en el Congreso de la República, al que fue citado el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tras los recientes bombardeos que dejaron 15 menores muertos, el jefe de la cartera presentó un balance de los ataques realizados contra estructuras armadas en el país.
Según comentó Sánchez, la postura adoptada por el gobierno de Gustavo Petro frente a las operaciones militares ha sido contundente, aunque ha manejado un enfoque prudente al uso de la fuerza letal.
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Sánchez precisó que de 1.404 combates registrados en la actual administración, solo 13 fueron bombardeos, exponiendo así la baja proporción de ataques aéreos en la estrategia oficial.
En su intervención, el ministro abordó las complejas circunstancias que enfrenta la fuerza pública al combatir a los grupos ilegales en Colombia. Explicó que estos enfrentamientos “no son encuentros como este, son encuentros violentos, donde los militares y policías saben que al salir a una misión los pueden matar”.
Sánchez recordó su experiencia tanto en el campo como en el mando de operaciones, aseverando que el personal cumple su deber ante amenazas hostiles continuamente.
“O sea, aquí no estamos en un sitio donde no haya una amenaza. Ustedes ya mismo lo explicaron. Y a nosotros como fuerza pública nos toca actuar. ¿Y enfrentar una amenaza hostil? Es un encuentro violento", comentó.
El balance que ofreció sobre el uso de bombardeos fue enfático: “Trece. Trece. Trece de mil cuatrocientos cuatro combates”. De ellos, el jefe de cartera aseguró cinco correspondieron al año 2024; cuatro de esos cinco ataques estuvieron dirigidos contra las disidencias del Estado Mayor Central comandadas por alias Mordisco con el objetivo de tomar control en el Cañón del Micay, mientras que uno se realizó contra el Clan del Golfo.
Para el año actual, el ministro de Defensa aseguró que se ejecutaron ocho bombardeos: cinco nuevamente dirigidos contra el Clan del Golfo y tres contra las disidencias de Mordisco.
El ministro argumentó que los resultados operacionales del Gobierno no han sido consecuencia de la inacción, sino del cumplimiento de las normas y de la búsqueda de preservar la vida.
Sostuvo que las cifras hablan por sí mismas y que las operaciones han sido estrictamente ajustadas a la ley, en el marco de las capacidades y recursos aprobados por el Congreso.
“Cuando empleamos la fuerza, cuando empleamos esa capacidad legítima que nos ha dado el Estado... no estamos empleando algo ilegal, lo que nos ha dado la nación, que necesitamos aún más”, declaró.
En cuanto al impacto de las operaciones, 13.666 integrantes de grupos armados han sido neutralizados bajo esta administración. De ese total, 13.035 son casos de capturas o desmovilizaciones, lo que, en palabras de Sánchez, evidencia la prioridad que el Gobierno otorga a la protección de la vida incluso en medio del conflicto armado.
“Ustedes en el presupuesto le han aprobado más presupuesto para defensa, más capacidades, pero hay unas normas que nosotros cumplimos. Nosotros no estamos empleando algo ilegal”, señaló Sánchez.
Por último, el ministro admitió que la reducción de combates en el año 2023 se debió a los procesos de paz y a los ceses al fuego bilaterales, tal como lo han señalado tanto él como el presidente.
De esta manera, defendió que el accionar militar del Gobierno está orientado a enfrentar la amenaza de grupos ilegales, pero desde un enfoque que privilegia la vida y la racionalidad en el uso de la fuerza.
Entretanto, el ministro Sánchez también enfrenta un proceso de moción de censura que ya fue radicado ante el Congreso de la República y en el que se definirá la continuidad en su cargo tras los recientes ataques a grupos armados.