En medio de las críticas al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares de Colombia por adelantar bombardeos en los que se han perdido la vida de 15 menores de edad reclutados por los grupos armados, en la mañana del miércoles 18 de noviembre se conocieron detalles de cómo se ejecutan las órdenes del presidente Gustavo Petro.
Las operaciones de bombardeo en Colombia se desarrollan a partir de un proceso riguroso de planificación y autorización, en el que participan los más altos niveles del mando militar y el presidente de la República.
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Estas acciones, dirigidas contra grupos armados ilegales, se ejecutan bajo estrictos protocolos que buscan minimizar cualquier daño a la población civil y cumplir con los principios del Derecho Internacional Humanitario.
De acuerdo con un excomandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales consultado por la revista Cambio, toda orden de bombardeo obedece a un análisis exhaustivo que considera, ante todo, el riesgo para la población no combatiente.
“El análisis es minucioso: desde la planificación hasta la ejecución. Si existe algún riesgo de afectación a civiles o dudas sobre la presencia de no combatientes, sin importar quién sea el blanco, se cancela la operación”, recalcó el oficial en retiro.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostiene que hallar menores en campamentos armados, aunque hayan sido convertidos en combatientes, no autoriza automáticamente su ataque, haciendo énfasis en la protección exigida por el Derecho Internacional Humanitario.
“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren menores que perdieron el estatus de civil y han sido convertidos en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, señaló la entidad.
Las deliberaciones que desembocan en un bombardeo tienen lugar en la sala de crisis de la Casa de Nariño, por lo general los lunes, con la participación del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa y altos mandos militares.
Según versiones oficiales recogidas por el medio, en esas sesiones se revisan mapas de presencia ilegal, se evalúan prioridades y se deciden posibles acciones, incluyendo los bombardeos.
Los factores determinantes para la autorización incluyen la fiabilidad de la inteligencia, la oportunidad de cumplir el objetivo y los riesgos calculados para la población civil. El exuniformado explicó que es indispensable definir “las coordenadas exactas, estimar cuántos hombres armados hay en el área, revisar los cordones de seguridad y contar con una descripción aproximada de las instalaciones”, información que refuerza la decisión sobre la proporcionalidad y la pertinencia del uso de la fuerza.
Solo después de recopilar datos aéreos y de inteligencia terrestre —como movimientos, número de miembros y distribución de los campamentos— se elige la aeronave más apta.
Las Fuerzas Militares seleccionan usualmente los Tucano y Super Tucano, por su maniobrabilidad y capacidad para operar en distintos perfiles topográficos y climáticos. Para ataques que requieran mayor precisión, se emplean bombas guiadas o “inteligentes”, lanzadas desde los aviones Kfir, cuyo despliegue es restringido por su estatus como equipo de seguridad nacional.
La selección de la munición responde también a la necesidad de limitar los daños colaterales. Según información conocida por el diario nacional, se privilegian bombas de 250 libras (Mark-81), aunque también pueden utilizarse las de 500 libras (Mark-82) o en casos excepcionales, las de 1.000 libras (Mark-83), siempre priorizando el menor impacto posible fuera del objetivo trazado.
El marco legal internacional reconoce como blanco a organizaciones ilegales armadas —como el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta— cuando poseen la capacidad de alterar el orden estatal.
Aun así, la última palabra sobre cualquier bombardeo queda en manos del alto mando y cuenta, además, con un dictamen jurídico que debe certificar el cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Los procesos para autorizar o suspender una misión aérea de este tipo son resultado de una coordinación entre inteligencia, evaluación operacional y verificación legal, sometidos al escrutinio político y sociedad, y atentos al principio superior de proteger la vida civil por sobre cualquier ventaja militar.