El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional admitieron públicamente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 23 personas, a quienes presentaron de manera ilegítima como bajas en combate.
Los hechos se registraron en los departamentos de Cesar y La Guajira, y afectaron a jóvenes, menores de edad y miembros de comunidades indígenas.
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Durante un acto celebrado en la Universidad Popular del Cesar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó perdón en nombre del Estado a las familias de las víctimas. “Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron víctimas de acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”, afirmó.
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Reconocimiento de los hechos
Los jóvenes fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte de integrantes adscritos a los batallones de Artillería N°2 “La Popa” y Grupo de Caballería Mecanizado N°2 “Juan José Rondón” entre 2004 y 2006. En algunos casos, estuvieron involucrados agentes del extinto DAS y del CTI, así como paramilitares. Varias de las víctimas pertenecían a los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo y Wayuú.
“Con la verdad revelada, confirmamos que ninguno de ellos fue guerrillero, delincuente o muerto en combates. Fueron ciudadanos, miembros de comunidades indígenas, padres, madres, hijos y trabajadores, cuyas vidas fueron arrebatadas por la acción criminal de unas personas que, además de cometer un crimen, desobedecieron la ley y deshonraron la ética militar”, señaló el ministro Sánchez.
Entre las víctimas se encuentran Noemí Pacheco Zabata, niña indígena Wiwa de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; Carlos Alberto Vega Camacho, integrante del pueblo Wiwa; y Luis Ángel Fince Ipuana, ejecutado a los 18 años. También fueron afectados Néstor Oñate Arias y Víctor Hugo Maestre, miembros de la comunidad Kankuamo, así como Javier Pushaina Pushaina, Gasparito Cambar Ramírez y otros jóvenes indígenas Wayuú.
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Impacto judicial y medidas de reparación
El acto de reconocimiento se realizó en cumplimiento de sentencias contencioso-administrativas de tribunales de La Guajira, Cesar y Cundinamarca, que respondieron a demandas de reparación directa presentadas por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’ como máximos responsables, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
“La planeación, ejecución y encubrimiento de estos actos criminales que concluyeron con el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres, jóvenes e incluso niñas y niños inocentes, no fueron hechos aislados producto de desviaciones individuales, sino actos criminales reproducidos por múltiples unidades militares, lo que demuestra que fue una expresión misma de una política institucional impulsada y tolerada desde las más altas esferas”, manifestó Sara Villamil, abogada de Cajar.
Las investigaciones judiciales confirmaron que las víctimas estaban desarmadas, sin confrontación alguna, y que sus cuerpos fueron manipulados para fabricar resultados operacionales. Los tribunales calificaron estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y, en varios fallos, como crímenes de lesa humanidad.
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El evento tuvo como objetivos honrar la memoria de las víctimas, reconocer su inocencia y desmontar públicamente la narrativa que las presentó como combatientes. Durante su intervención, Irma Fince, hermana de Luis Ángel Fince, afirmó: “No vengo a hablar de odios ni a exigir venganza; vengo a hablar de verdad, memoria y justicia, porque, mientras la verdad no se diga, la herida seguirá abierta y, mientras la justicia no actúe, la paz no será más que una palabra vacía (…) mi conciencia me obliga a no callar. Que la muerte de mi hermano no se quede en la impunidad y que no se repita este acto cobarde contra ningún ciudadano indefenso”.