El avance en la lucha contra la pobreza energética en Colombia durante 2024 permitió que más de trescientos mil personas superaran esta condición, según el nuevo informe del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impe), elaborado por Promigas y su Fundación Promigas.
Sin embargo, el país enfrenta el reto persistente de que uno de cada seis colombianos aún carece de acceso suficiente o adecuado a la energía, lo que limita su capacidad para estudiar, trabajar o realizar actividades domésticas esenciales.
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El Impe, desarrollado en colaboración con la firma Inclusión SAS y presentado en el Congreso de Naturgas, constituye una herramienta que evalúa el acceso, la asequibilidad, la calidad y la capacidad de uso de la energía en los hogares colombianos.
Este índice se construye a partir de cinco indicadores: acceso a gas natural, electricidad, combustibles para cocinar, eficiencia en los usos y gasto energético.
La edición de 2024 revela que la pobreza energética descendió del 16,1% en 2023 al 15,4% en 2024, lo que equivale a una reducción de la población afectada de 8,4 millones a 8,1 millones de personas.
A pesar de este progreso, el informe subraya la persistencia de brechas territoriales profundas. Departamentos como Chocó (52,8%), La Guajira (63,1%), Córdoba (45%) y Vaupés (86,5%) presentan los mayores porcentajes de población en situación de pobreza energética.
En contraste, regiones como Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) exhiben los niveles más bajos de privación, reflejando una marcada desigualdad entre áreas urbanas y rurales.
El informe destaca que en los territorios con mejores condiciones, los habitantes pueden aprovechar la energía para actividades educativas y laborales, mientras que en las zonas más rezagadas, la falta de acceso limita gravemente las oportunidades de desarrollo.
El documento advierte que, si se mantiene el ritmo actual de reducción —alrededor de 300.000 personas saliendo de la pobreza energética cada año—, la meta de alcanzar un solo dígito en la incidencia de este fenómeno no se lograría antes de 2034.
Para adelantar este objetivo a 2030, el país debería incrementar el ritmo de reducción anual de 0,75 a al menos 1,0 puntos porcentuales, lo que permitiría disminuir el número de personas en pobreza energética en cerca de 490.000 por año durante los próximos seis años.
El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, enfatizó que el Impe “es más que una métrica: es una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una carta de navegación para los gobernantes, que les permite identificar rutas posibles para reducir la pobreza energética, balanceando eficiencia y equidad. Alcanzar un dígito en 2030 es posible a través de la implementación de diferentes medidas que reducirían las brechas regionales y rurales a un ritmo acelerado”.
El informe identifica cuatro frentes principales donde se concentran las mayores privaciones de los hogares pobres energéticos. En primer lugar, la calidad del suministro eléctrico: el 57,9% de las personas en pobreza energética reside en municipios con interrupciones frecuentes o prolongadas del servicio.
En segundo lugar, el acceso a energía adecuada para cocinar: el 56,6% de estos hogares utiliza leña, carbón o desechos como fuente principal, frente a una incidencia casi nula entre los no pobres.
El tercer frente es la tenencia de electrodomésticos básicos: el 80,9% carece de lavadora, el 47,7% de nevera y el 38,7% de estufa, mientras que entre los no pobres estas privaciones no superan el 20%.
Finalmente, el acceso a dispositivos para aprender y comunicarse es muy limitado: el 98,8% no dispone de computador o tableta y el 77,3% carece de internet, lo que restringe las oportunidades educativas y laborales.
Para acelerar la reducción de la pobreza energética, la hoja de ruta presentada por Promigas y su fundación propone cuatro acciones prioritarias: recuperar y ampliar la calidad de la energía eléctrica en zonas donde ha desmejorado, avanzar en la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Leña, ampliar la dotación de electrodomésticos y dispositivos para el aprendizaje y la comunicación en los hogares, y garantizar el acceso a energía eléctrica en todos los colegios del país.
El informe estima que, si se logra reducir la pobreza energética a un solo dígito para 2030, aún quedarían cerca de 5,1 millones de personas en esta situación, lo que exige políticas claras y de largo plazo.
El director de la Fundación Promigas, Fernando Acosta,“el IMPE muestra que, si bien hay avances, el desafío sigue siendo grande, especialmente en sectores rurales y municipios no interconectados. Los resultados demuestran la importancia de formular políticas públicas más focalizadas para llevar energía confiable, limpia y accesible a los hogares que más lo necesitan”.
El análisis del Impe también proyecta una disminución en la intensidad de las privaciones: se espera que el porcentaje promedio de carencias en los hogares pobres energéticos baje de 46,7% a 43,2%.
Además, la brecha urbano-rural remoto, medida como la diferencia en la incidencia de la pobreza entre estas zonas, podría reducirse en casi 15 puntos porcentuales.
En áreas urbanas, la pobreza energética pasaría de 3,5% en 2024 a 1,5% en 2030; en ciudades intermedias, de 20,5% a 13,3%; en municipios rurales cercanos, de 30,0% a 18,7%; y en municipios rurales remotos, de 44,3% a 27,1%.
El informe concluye que, aunque concentrar los esfuerzos en grandes ciudades y zonas urbanas podría facilitar el cumplimiento de la meta en menor tiempo, el verdadero reto reside en reducir las brechas territoriales para que el progreso alcance a todos los territorios, especialmente aquellos que enfrentan mayores dificultades.