Los expresidentes de Colombia Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, a través del foro Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea), reconocieron a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela.
El grupo, compuesto por 31 exjefes de Estado ―en el cual se encuentran los exmandatarios colombianos―, firmaron el acuerdo, debido a que aseguraron que Edmundo González obtuvo el 67,1% de los votos a su favor.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“25.575 mesas electorales, cuyas actas auténticas y originales, revisadas por el Centro Carter, presentadas ante el Consejo Permanente de la OEA, se encuentran depositadas en el Banco Central de Panamá”, se lee en el documento firmado por los 31 exmandatarios.
Por tal motivo, reconocieron a Edmundo González como el “legítimo presidente” de Venezuela, pidiendo una transición democrática en el vecino país
“Reconocemos formalmente a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en los hechos y según el Derecho”, precisa el documento, compartido por el expresidente Andrés Pastrana e Iván Duque.
Los firmantes, además, reconocen a María Corina Machado como la “líder de la transición democrática y vicepresidenta” de la nación latinoamericana.
“Exigimos al régimen que ha secuestrado el Estado para la práctica del terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad, el cese inmediato de la represión, y la liberación de todos los presos políticos”, sentencia el informe oficial.
En su cuenta de X, el expresidente Andrés Pastrana indicó que “es hora que Venezuela recupere su democracia y libertad”.
El documento cuenta con la adhesión de ex jefes de Estado de países como Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, México, El Salvador, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina y República Dominicana. Entre ellos figuran Mario Abdo, Jeanine Áñez, Óscar Arias, José María Aznar, Laura Chinchilla, Mauricio Macri y otros exmandatarios.
Oposición no reconoció los resultados
El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales rodeadas de polémica, denuncias de fraude y una fuerte polarización política. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nicolás Maduro, quien obtuvo el 51,2% de los votos según el conteo oficial.
El principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, rechazó el resultado y aseguró que, según actas opositoras, su apoyo superó el 67%. Las cifras divulgadas no fueron reconocidas por la oposición, que reclamó una auditoría independiente del proceso.
La jornada electoral transcurrió bajo una vigilancia amplia de las fuerzas de seguridad, reportes de obstáculos para observadores nacionales e internacionales y denuncias de dificultades en varios centros de votación.
Tras la proclamación de los resultados, miles de personas tomaron las calles en ciudades de al menos 20 de los 23 estados del país. Las protestas se concentraron en áreas estratégicas como el aeropuerto de Maiquetía y el centro de Caracas, donde manifestantes se dirigieron hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional.
El gobierno reafirmó la legitimidad de la elección y acusó a la dirigencia opositora de incitar disturbios y promover un intento de desestabilización. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) emitió comunicados de respaldo a las autoridades y desplegó operativos para dispersar las concentraciones. En medio de la escalada, se reportaron incidentes de represión, uso de gases lacrimógenos y arrestos masivos.
La reacción internacional abarcó desde pronunciamientos por la falta de transparencia hasta llamados a la calma y la apertura de canales de diálogo. Gobiernos de América y Europa, junto a organizaciones multilaterales, expresaron inquietud por la opacidad del proceso, especialmente porque el CNE no divulgó resultados desglosados por mesa de votación y alegó problemas técnicos durante el escrutinio final.
Desde el proceso electoral hasta el inicio del cuarto trimestre, organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de 1.600 detenciones relacionadas con protestas, cuestionamientos al resultado y defensa del voto.
A finales de ese año, se inició la liberación escalonada de algunos privados de libertad, mientras persisten las tensiones entre oficialismo y oposición y continúa la preocupación sobre el futuro político del país.