La Fiscalía General de la Nación acusó este miércoles 12 de noviembre a Nicolás Petro Burgos de presentar información falsa en su hoja de vida ante el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP).
Durante la audiencia de hoy, la fiscal Lucy Laborde afirmó que el exdiputado del Atlántico consignó una supuesta relación laboral con la empresa Energía Delta Limitada, cuya existencia fue desmentida por la propia compañía.
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La funcionaria detalló que Petro Burgos reportó en el SIGEP una vinculación laboral con Energía Delta Limitada, fechada a partir del 1 de enero de 2020. Según la Fiscalía, esta información fue incluida precisamente cuando el exdiputado asumía su cargo en la Asamblea Departamental del Atlántico.
El ente investigador afirmó que estos hechos constituyen un supuesto delito de falsedad en documento público, al considerar que la información reportada careció de veracidad.
Imputación de nuevos cargos por falsedad documental
La acusación fue complementada con nuevos señalamientos sobre el periodo comprendido entre 2020 y 2022, etapa durante la cual, como diputado del Atlántico, Petro Burgos habría incurrido en otros delitos.
La Fiscalía presentó cargos adicionales de falsedad en documento privado y falso testimonio, argumentando que el exdiputado presentó información laboral falsa ante SIGEP y certificaciones con datos alterados para justificar movimientos reportados en sus declaraciones de renta.
Proceso de verificación de certificados en la declaración de renta
Durante la diligencia judicial, la fiscal sostuvo que Nicolás Petro presentó documentos que certificaban abonos a un proyecto de vivienda por 49.300.000 y 100.000.000 de pesos, cuando en realidad los pagos habrían sido de $19.300.000 y $50.000.000.
Estos certificados, según la acusación, fueron aportados en sus declaraciones de renta como respaldo documental, lo que alimenta la imputación por presunta falsedad en los registros presentados.
Intervención de la Procuraduría cuestiona parte de la acusación
Un delegado de la Procuraduría General de la Nación manifestó reservas sobre la base legal de varias de las imputaciones presentadas, en particular las relacionadas con falsedad en documento privado y falso testimonio.
El procurador destacó en la audiencia: “Le parece al Ministerio Público que no se cumplen, al menos desde los supuestos fácticos señalados por la Fiscalía, los presupuestos establecidos en la ley para que por lo menos algunos de los delitos imputados en este bloque constituyan un delito”.
El juez exige mayores precisiones sobre el tráfico de influencias
El juez encargado de la causa requirió a la Fiscalía que aportara detalles concretos sobre el presunto tráfico de influencias atribuido a Nicolás Petro. El magistrado solicitó que se explicaran los mecanismos mediante los cuales el exdiputado habría influido sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para obtener contratos a favor de allegados o de la fundación Fucoso.
La fiscal expresó que, en la hipótesis de la investigación, Petro Burgos habría ejercido “influencia política y social” sobre Elsa Noguera, instrumentalizando además a su exesposa, Daysurys Vásquez, buscando la adjudicación de contratos a Fucoso. Según la Fiscalía, la exgobernadora tenía conocimiento de estos contratos. No obstante, la Fiscalía reconoció que la manera en la que se dio esa influencia todavía se encuentra bajo indagación.
Ante la respuesta, el juez advirtió: “Si usted (fiscal) no me da un acontecer fáctico, yo no la dejo imputar ese tráfico de influencias, me tocará hacer un control material de la imputación, porque cómo le pregunto al señor (Nicolás) si se allana o no a los cargos”.
Suspensión de la audiencia y próximos pasos en el proceso
La audiencia fue interrumpida de manera temporal para que la Fiscalía aclarara los argumentos de la imputación, en especial los relacionados con tráfico de influencias. Al retomarse la sesión, la fiscal reiteró que Nicolás Petro buscó beneficiar contractualmente a Fucoso mediante presiones personales y familiares. Los detalles puntuales seguirán siendo materia de investigación en las siguientes etapas judiciales, las cuales definirán la aceptación o no de los cargos y la continuidad del proceso.
El caso de Nicolás Petro Burgos sigue en etapa de definición judicial, con atención de las autoridades sobre la validez de las pruebas presentadas y los posibles responsables adicionales en la trama investigada.