Tras conocerse el contenido de un documento en el que se establecerían una serie de acciones contra el presidente de la República, Gustavo Petro, en lo que se ha llamado la Doctrina Trump, y en el que incluso aparece como si fuera un preso de los Estados Unidos, al lado del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el primer mandatario tomó medidas que incluirían, según versiones periodísticas, la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
Según reveló Cambio en la noche del domingo 9 de noviembre, Petro habría decidido llamar a consultas a Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, y solicitar la expulsión de John McNamara, agregado de negocios y principal diplomático en el país. Esta medida responde a la publicación de dicho informe, en un documento en el que aparece con membrete del senador colomboestadounidense Bernie Moreno, del partido Republicano.
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La decisión se fundamenta en la información publicada sobre el documento que llegó al despacho del presidente Donald Trump. Dicho archivo, entregado el 21 de octubre al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, durante una reunión entre Trump y senadores republicanos (y cuya foto se vio en la página web del Gobierno de EE. UU.), contenía varias acciones contra el mandatario colombiano y un montaje fotográfico que no pasó desapercibido y que, según el citado medio, sería causante de esta nueva crisis.
Cruce de versiones sobre si se expulsaría o no a Jhon McNamara del país
En la imagen, capturada por una colaboradora de la Casa Blanca y que permaneció inadvertida para los medios durante dos semanas, se observa el membrete del senador Moreno: nacido en Bogotá y actual congresista de Ohio, que ha sostenido una confrontación pública con Petro en las últimas semanas; a tal punto de pedir que se sancionara solo al gobernante y no al país, como finalmente habría ocurrido, con la presencia del jefe de Estado en la Lista Clinton.
Federico Gómez Lara, director de Cambio, comunicó la reacción del presidente a través de sus redes sociales. “URGENTE: Acabo de colgar el teléfono con el presidente @petrogustavo. Me informa que por la revelación hecha hoy en la portada de @estoescambio llamará a consultas al embajador Daniel García-Peña y pedirá la expulsión del embajador norteamericano en Colombia, John McNamara”, publicó Gómez Lara, lo que causó de inmediato una dura reacción.
La misma provino del ministro del Interior, Armando Benedetti, que desmintió al periodista en el sentido de que el término correcto fuera el de expulsión, para el caso de McNamara, aunque con ello sí confirmó el diálogo. “¡Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente Petro jamás pronunció la palabra expulsión!“, advirtió el titular de la cartera política, frente a las acciones que tomaría el mandatario.
El documento supuestamente detalla cinco pasos para ejecutar la Doctrina Trump contra Petro, entre los que se encuentran la designación de carteles como organizaciones terroristas, sanciones selectivas a Petro y sus allegados, y la apertura de investigaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2022. En la reunión participaron los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, junto a altos funcionarios de la Casa Blanca.
Son ellos: James Braid y el citado Blair, que serían impulsores de la estrategia, y que llevaban consigo el documento con el membrete de Moreno. Esto sería parte de una secuencia de hechos atribuibles a la ejecución de la supuesta doctrina, como en octubre de 2025, cuando Trump calificó a Petro de “líder del narcotráfico” y, poco después, el presidente fue incluido junto a su familia en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
Entre de los objetivos de la doctrina también se hallaría la inclusión de organizaciones armadas colombianas, con las que el gobierno de Petro mantiene diálogos, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Frente al particular, Petro rechazó las acusaciones y señaló que la hostilidad de Trump obedecía a la influencia directa del senador Moreno y cuestionó la solidez de las pruebas contra su familia y asesores, pues no existirían evidencias sobre recursos ilícitos.