El próximo domingo 9 de noviembre de 2025, la Plaza Bolívar de Santa Marta será escenario de un acto público en el que el Gobierno colombiano reconocerá oficialmente su responsabilidad internacional en el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
Esta ceremonia, programada para las 6: 30 p. m., responde a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y constituye un paso fundamental en el proceso de verdad, memoria y reparación colectiva para las víctimas de uno de los crímenes políticos más graves del país, según informó la Cancillería.
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El evento, organizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reunirá a altas autoridades estatales, representantes de las víctimas, sobrevivientes, familiares y organismos internacionales.
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De acuerdo con la Cancillería, la presencia de estos actores subraya la trascendencia del acto, que busca saldar una deuda histórica con miles de personas afectadas por la violencia política.
Exterminio político de la Unión Patriótica: contexto y cifras
La Unión Patriótica surgió en 1985 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con el objetivo de permitir la participación política legal de excombatientes y sectores de izquierda históricamente marginados del sistema democrático, según relató Radio Nacional.
Sin embargo, entre 1984 y 2002, el movimiento fue objeto de una campaña sistemática de exterminio. Radio Nacional estima que entre 3.000 y 5.000 militantes de la UP fueron asesinados, incluyendo dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y numerosos líderes sociales.
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X, elevó la cifra a 6.200 víctimas, en su mayoría obreros del banano, del carbón, maestros y estudiantes.
Petro señaló que estos crímenes fueron cometidos por una alianza entre el narcotráfico y sectores estatales, y comparó el exterminio de la izquierda en Colombia con episodios históricos de represión en Europa y Asia:
“El mundo debe saber que en Colombia hubo un exterminio de la izquierda como hicieron los Nazis en Alemania, los facios en Italia o los franquistas en España, o la dictadura indonesia”, escribió el mandatario.
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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas de reparación
La responsabilidad estatal en estos hechos quedó establecida en julio de 2022, cuando la Cidh emitió una sentencia histórica que calificó el exterminio de la UP como “genocidio político”.
Según Radio Nacional, el tribunal internacional concluyó que existió aquiescencia y participación de agentes estatales en la planificación y ejecución de los crímenes, y determinó que Colombia violó derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento y expresión, los derechos políticos y las garantías judiciales.
Entre las medidas ordenadas por la Cidh figuran el reconocimiento público de responsabilidad internacional, la implementación de un plan de búsqueda de personas desaparecidas, la adopción de garantías de no repetición, la creación de condiciones para la participación política sin discriminación y la reparación integral a las víctimas y sus familiares. El acto en Santa Marta constituye el cumplimiento de una de estas medidas fundamentales, según destacó Radio Nacional.
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Impacto para las víctimas y la sociedad colombiana
Para los sobrevivientes y familiares de la UP, este reconocimiento representa una reivindicación histórica tras décadas de lucha por la verdad y la justicia. Radio Nacional subrayó que el evento busca honrar la memoria de quienes fueron asesinados por sus ideales políticos y garantizar que estos crímenes no se repitan.
Además, la Cancillería remarcó que la ceremonia se inscribe en los esfuerzos del país por construir una democracia más incluyente y respetuosa del pluralismo político.
En palabras de Gustavo Petro, el acto del 9 de noviembre será una oportunidad para que el Estado colombiano pida perdón a los familiares de las víctimas del genocidio político, en presencia de las cortes de justicia y el Congreso de la República, con el propósito de que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.
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