Desde la mañana del viernes 7 de noviembre, familiares de personas desaparecidas marcharon desde Corferias hacia la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Su propósito fue exigir celeridad en las investigaciones y respuestas concretas sobre el paradero de sus seres queridos.
Padres, madres y allegados de víctimas de desaparición se concentraron en la capital del país para reclamar por lo que consideran una ausencia de resultados por parte de los organismos judiciales. Entre ellos se encuentran Manuel Afanador y Claudia Oliveros, padres de la menor Valeria Afanador, quienes manifestaron que continuarán en protesta hasta que la Fiscalía presente avances reales.
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El plantón, instalado al mediodía frente al ente acusador, buscó visibilizar la lentitud con la que —según las familias— se desarrollan las investigaciones en varios casos recientes. Los asistentes portaron pancartas con frases como “Valeria merece justicia” “Ayúdennos a encontrarlos” y “La espera también es una forma de dolor”, acompañadas de fotografías de las víctimas.
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Familias unidas en pro de la verdad y la justicia
El caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años con diagnóstico de síndrome de Down, marcó uno de los momentos más sensibles de la jornada. Valeria desapareció el 12 de agosto de 2025 en el municipio de Cajicá (Cundinamarca) y, tras más de dos semanas de búsqueda en la que participaron equipos de rescate y vecinos de la zona, su cuerpo fue hallado el 29 de agosto en inmediaciones del río Frío.
La autopsia de la menor indicó que la causa de muerte fue ahogamiento y no se encontraron signos de violencia física. No obstante, su familia insiste en que “aún faltan respuestas sobre cómo y por qué terminó allí”, y reclama resultados en los análisis de laboratorio que adelanta la Fiscalía.
Por su parte, la familia de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de medicina de 23 años, desaparecida el 13 de abril de 2025 en Cartagena, denunció que el proceso judicial tampoco presenta progresos sustanciales. Las cámaras de seguridad no registraron la salida de la joven del área donde fue vista por última vez. La investigación fue trasladada de la seccional de Cartagena a la Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito para Violaciones a los Derechos Humanos, pero sus allegados afirman que las nuevas diligencias avanzan con lentitud.
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A su vez, el caso de Juan Pablo Icabuco Mora, joven de 22 años desaparecido en Bogotá el 8 de junio de 2025, también fue mencionado por los manifestantes. La última comunicación conocida fue un mensaje de ubicación enviado a su familia desde el sector de La Gran Yomasa, en la localidad de Usme. Desde entonces no se ha tenido rastro del joven. En diálogo con La FM, su madre señaló que la entidad investigadora no les ha entregado “ninguna respuesta, nada, nada”, pese a las reiteradas solicitudes de información.
En la manifestación también estuvieron presentes los familiares de Ayelén Sofía, Omar Alexander Castro y Santiago Nicolás Ovalle, entre otros, quienes expresaron que sus casos continúan en etapa preliminar, sin hipótesis claras ni comunicación regular por parte de los fiscales asignados. Durante el plantón, uno de los familiares señaló que “no existe coordinación efectiva entre las entidades encargadas de la búsqueda y la investigación”.
En ese sentido, los manifestantes exigieron a la Fiscalía General de la Nación que implemente medidas inmediatas para agilizar los procesos, entre ellas la creación de un equipo interdisciplinario especializado y el acceso a informes de avance. Además, pidieron fortalecer la articulación con la Policía Judicial y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
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La importancia del avance de los procesos en la Fiscalía
El progreso de las investigaciones en casos de desaparición no solo determina la posibilidad de encontrar a las víctimas o esclarecer los hechos, sino que también constituye un indicador de confianza en el sistema judicial. Cuando los procesos permanecen sin resultados durante meses o años, las familias quedan en un estado de incertidumbre permanente y la institucionalidad pierde credibilidad.
En Colombia, donde la desaparición forzada y los casos recientes de personas no localizadas siguen siendo una preocupación recurrente, el cumplimiento efectivo de las funciones de la Fiscalía es esencial para garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Un avance oportuno en las investigaciones representa no solo una obligación legal, sino también un compromiso con los derechos humanos y con la consolidación del Estado Social de Derecho.