La fiscal Luisa Fernanda Obando Guerrero, involucrada en el escándalo de narcotráfico y corrupción conocido como “Pacho Malo”, habría presentado una segunda renuncia ante el ente acusador el 20 de octubre de 2025, argumentando problemas graves de salud mental.
Obando se desempeñaba en provisionalidad como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en la Dirección Seccional Norte de Santander, y anteriormente ocupó el cargo de delegada para la Seguridad Territorial.
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La dimisión, conocida en su totalidad por La Nueva Prensa, fue ratificada el mismo día mediante un correo electrónico en el que la exfuncionaria aseguró encontrarse en un estado de demencia, lo que llevó a la entidad a aceptar su renuncia de acuerdo con las normas vigentes. El Departamento de Administración de Personal de la Fiscalía había advertido inicialmente que la carta no demostraba plenamente la voluntariedad exigida por el artículo 97 del Decreto Ley 020 de 2014, que establece que la renuncia debe reflejar una decisión libre, clara e inequívoca del funcionario.
Sin embargo, la nueva comunicación ante el ente acusador dejó constancia de que la renuncia fue presentada sin presión, coacción o intimidación, y obedeció exclusivamente al libre albedrío de Obando. Además, el documento recordó la jurisprudencia del Consejo de Estado que permite a un servidor público exponer las razones que motivan su retiro y señala que las autoridades no pueden abstenerse de dar trámite a una renuncia fundamentada.
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La funcionaria ejerció sus funciones hasta el 21 de octubre de 2025, fecha en la que debía entregar todos los asuntos relacionados con su cargo, incluidos los informes de gestión y bienes asignados.
Este hecho cobra relevancia ya que Luisa Fernanda Obando Guerrero es pieza central en el caso “Pacho Malo”, en el que también se encuentran involucrados el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Martha Mancera y el fiscal Daniel Hernández. Este último, actualmente en juicio por corrupción, sigue en funciones, presuntamente bajo la influencia de Martínez, que desempeñó múltiples roles en casos de corrupción como los de Odebrecht y el Grupo Aval.
El abogado Alejandro Carranza se pronunció sobre la renuncia de la ahora fiscal Obando en su cuenta de X, señalando que la situación adquiere relevancia por los antecedentes de la ahora exfuncionaria en el ejercicio de sus funciones. Carranza recordó que Obando había solicitado la creación de un grupo de tareas especiales para perseguir a Nicolás Petro, cuya solicitud fue aprobada por la fiscal general encargada, Martha Yaneth Mancera.
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El jurista agregó que el grupo, dirigido por el fiscal Burgos, actualmente investigado penal y disciplinariamente, estuvo vinculado a prácticas que posteriormente se denunciaron como irregulares; y también destacó que Víctor Forero, exagente del CTI y pareja de Obando en ese entonces, desempeñó un papel clave en un fraude procesal vinculado al caso, mediante el uso de una fuente falsa que derivó en la filtración de material audiovisual a la prensa.
Carranza concluyó que la persistencia de estructuras previas dentro de la Fiscalía impide cambios significativos en la persecución de la corrupción y la criminalidad, insistiendo en que “si la fiscalía no cambia, hay que refundarla”.
La renuncia de Obando y la alegación de demencia se inscriben en un contexto de procesos judiciales pendientes y podrían retrasar o modificar la forma en que se tramitan las denuncias en su contra. Las autoridades deberán verificar si el estado de salud mental declarado tiene impacto directo en la continuidad de los juicios y si se requieren medidas especiales para garantizar la integridad de los procesos.
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El caso también pone sobre la mesa la revisión de prácticas en la Fiscalía relacionadas con la provisionalidad de los cargos y la creación de grupos especiales, así como la relación entre funcionarios y su entorno familiar en la ejecución de investigaciones sensibles.
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