Reviven testimonio de “Popeye” en el que afirmó que Pablo Escobar financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia: “No fue un supuesto”

La relación entre Pablo Escobar, el M-19 y la toma del Palacio de Justicia en Colombia ha sido objeto de múltiples investigaciones y testimonios, pero pocos relatos han ofrecido una visión tan directa como la de John Jairo Velásquez Vásquez, conocido como “Popeye”, que durante años fue uno de los principales colaboradores del líder del cartel de Medellín.

En una entrevista concedida a Semana en 2015, “Popeye” detalló el papel que jugó Escobar en el financiamiento y la logística de ese ataque, aportando elementos que fueron corroborados y ampliados por la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia.

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“Popeye” relató que Pablo Escobar entregó dos millones de dólares para la toma del Palacio de Justicia, una cifra que, en sus palabras, no era una suposición, sino un hecho comprobado. El dinero, afirmó, fue destinado a Iván Marino Ospina, a quien describió como “el jefe militar del M-19”, aunque Ospina falleció antes de que se produjera el asalto. Velásquez Vásquez aseguró que Escobar proporcionó armas en Medellín para apoyar la operación. Este testimonio sitúa a Escobar no solo como un financiador, sino como un actor que buscaba influir en la estrategia del grupo insurgente.

El objetivo del fundador del cartel de Medellín era frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, una causa que compartía con el M-19. El propio Escobar habría sugerido al grupo insurgente que atacara el Senado en lugar del Palacio de Justicia, convencido de que el entonces presidente Belisario Betancur defendería con mayor determinación esa institución.

El exlíder de sicarios de Escobar explicó que, ante la imposibilidad de ejecutar ese plan, se optó por una alternativa más violenta: “El plan b era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada. El M-19 realizó el plan b”, indicó Velásquez al medio citado.

La Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia también documentó la convergencia de intereses entre el narcotráfico y el M-19. El informe señala que, tras la aprobación de la Ley 27 de 1980, que avaló el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, los líderes del narcotráfico iniciaron una campaña violenta contra la normativa.

El documento recuerda: “Desde la sanción de la Ley 27 de 1980, mediante la cual fue aprobado el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América, los jefes del narcotráfico desataron una lucha brutal y sangrienta contra dicha ley”.

El informe de la Comisión detalla que, a comienzos de diciembre de 1984, el grupo conocido como Los Extraditables amenazó de muerte al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como a los ministros. La presión sobre los magistrados se intensificó después de que la Corte emitiera un concepto favorable a la extradición de Carlos Lehder.

A propósito, el informe narra que, tras la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro entre Escobar y el grupo insurgente en Panamá. Posteriormente, el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín, por parte del M-19, provocó la creación del grupo MAS (Muerte a Secuestradores).

En ese contexto, la guerra contra la extradición se intensificó. En 1984, Escobar ordenó el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El M-19, por su parte, compartía la oposición a la extradición.

El informe de la Comisión de la Verdad subraya: “Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar, y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él. Como comandante del M-19, Ospina coincidió con miembros del Cartel de Medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia”.