Los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, junto con Wilmer Carrillo, del Partido de la U, realizan una inspección en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de la investigación adelantada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.
Según pudo establecer W Radio, el procedimiento busca obtener información sobre la presunta violación de topes de ingresos y gastos durante la campaña presidencial de 2022.
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La diligencia se desarrolla dentro del expediente que investiga posibles irregularidades en la financiación de la campaña “Petro Presidente”. Los congresistas verificarán documentos y soportes que reposan en el CNE relacionados con los reportes de ingresos, gastos y aportes de la campaña, así como con las decisiones recientes del organismo electoral sobre el mismo tema.
El procedimiento en el CNE ocurre después de la inspección judicial adelantada el 29 de octubre por parte de la Fiscalía General de la Nación a la sede del movimiento Colombia Humana en Bogotá. Según se conoció, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ingresaron a las instalaciones para recabar “soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios” relacionados con la campaña presidencial de 2022.
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En el oficio firmado por Luz Ángela Giraldo López, del grupo de contadores forenses del CTI, y dirigido a Andrea Vargas, secretaria general de la colectividad, la Fiscalía explicó que el procedimiento buscaba “verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales para la presidencia 2022”.
La orden fue avalada por el Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías, que instruyó a la Policía Judicial a realizar una búsqueda selectiva en las bases de datos del movimiento político. Entre los documentos requeridos estuvieron, además extractos bancarios, notas crédito, reportes contables, cotizaciones, órdenes de servicio, acuerdos de coalición y certificaciones del estado actual de los servicios o productos asociados a la campaña.
Observaciones del CNE y próximos pasos
El CNE adelanta de manera paralela su propia investigación. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada concluyeron en su ponencia que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría superado los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta, y que no se habrían reportado aportes de organizaciones como Fecode y la USO, además de gastos vinculados a empresas como la Sociedad Área de Ibagué (Sadi).
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El expediente también señala como responsables al entonces gerente de campaña Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol; a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y a la auditora María Lucy Soto. En la investigación están igualmente implicados los movimientos Colombia Humana y Unión Patriótica, cuyas personerías podrían verse afectadas dependiendo del resultado final.
Según confirmó el organismo electoral, la sala plena del CNE discutirá el 13 de noviembre la ponencia elaborada por Ortiz y Prada, en la que se proponen posibles sanciones por violación de topes de financiación y recepción de recursos irregulares. De aprobarse, el documento determinaría la responsabilidad de los implicados y las sanciones correspondientes; si no obtiene mayoría, el caso podría pasar a conjueces para una nueva evaluación.
La correlación de fuerzas y el alcance de la decisión
El CNE está conformado por nueve magistrados, y se anticipa una votación dividida en torno a la ponencia. De acuerdo con recuentos preliminares, cuatro magistrados apoyarían la decisión: Ortiz, Prada, Maritza Martínez (Partido de la U) y Alfonso Campo (Partido Conservador). En contra estarían Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanas al Pacto Histórico. En caso de empate o falta de mayoría, la decisión final podría requerir la intervención de conjueces.
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El debate ha reabierto la discusión sobre la competencia del CNE para imponer sanciones en estos casos. En agosto, el Consejo de Estado ratificó que el organismo sí tiene facultad para investigar presuntas violaciones de topes de financiación, aunque recordó que solo el Congreso puede sancionar al presidente en ejercicio, a través de la Comisión de Acusaciones.
Posteriormente, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el proceso contra Petro, argumentando que podría afectar su fuero presidencial. Sin embargo, esta medida no impidió que el CNE continuara con la revisión del expediente ni que la Comisión de Acusación adelantara su inspección.
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