Medellín impulsa la primera cárcel en Colombia construida bajo un modelo de alianza público-privada, una apuesta para descongestionar el sistema penitenciario y redefinir la gestión de las personas en detención transitoria.
El nuevo centro penitenciario, situado en el corregimiento de San Cristóbal, deberá estar terminado y operativo en el primer semestre de 2027, tras varios años de retrasos, fallos judiciales y promesas incumplidas.
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Actualmente, las estaciones de Policía de Medellín alojan cerca de 1.600 sindicados, muy por encima de su capacidad adecuada para unas 640 personas. El hacinamiento alcanza índices cercanos al 150%, con casos donde supera el 1.000%. En este contexto, la nueva cárcel busca poner fin a esta crisis, permitiendo que 1.339 personas privadas de la libertad, que aún no han recibido condena, sean ubicadas en un espacio adecuado mientras resuelven su situación jurídica.
El costo total del proyecto será de aproximadamente 675.000 millones de pesos, cifra que se pagará durante 12 años tras la entrada en funcionamiento de la cárcel. La administración distrital ha destacado que este gasto permitirá no solo enfrentar el hacinamiento, sino también mejorar las condiciones de las personas recluidas respecto al acceso a comida, higiene y medicamentos, aspectos que hoy están muy deteriorados en las estaciones de policía.
Funcionamiento del modelo de alianza público-privada
Por primera vez en Colombia, una cárcel se construye mediante la figura de alianza público-privada (APP). La empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), a través de su filial Carmet Medellín S.A., es responsable de aportar los recursos, construir, operar y mantener el centro penitenciario. El distrito pagará por la operación del servicio durante, al menos, 12 años.
Según El Colombiano, para explicar el funcionamiento de este esquema, el abogado y profesor Juan David Posada de la Universidad de Antioquia compara el modelo con una concesión de infraestructura: el privado pone la inversión, realiza la obra y recupera su dinero gestionando el servicio a lo largo de los años.
Según Posada, “al cobrar por persona que ocupa un espacio físico es como si fuera un hotel”. Advierte, además, que esta lógica puede motivar al operador a ofrecer la menor cantidad de servicios posibles para maximizar la rentabilidad.
Posada también señala que, aunque en otras áreas como los programas para la niñez los modelos contratados con privados pueden funcionar bien, la situación de las personas privadas de la libertad suele recibir menor atención pública, lo que podría afectar la calidad del servicio. El profesor advierte sobre el riesgo de que la existencia de mayor capacidad carcelaria incentive a la justicia a ordenar más detenciones preventivas y propicie ciclos de construcción de más cárceles bajo esquemas similares.
La Alcaldía, según el medio, considera que este esquema puede aportar mayor eficiencia y sostenibilidad en la provisión del servicio, al involucrar indicadores de cumplimiento que serán verificados periódicamente mediante interventoría y supervisión. Según las autoridades, la distribución de riesgos entre el Estado y el privado podría generar ahorros a largo plazo para el sector público.
Riesgos y controversias
Persiste la preocupación de que, si la solución para el hacinamiento es únicamente aumentar la capacidad carcelaria privada, el ciclo de detenciones preventivas y nuevas construcciones se perpetúe. Ello podría provocar un aumento sostenido de la población privada de la libertad. Existen también interrogantes sobre aspectos operativos de la nueva cárcel.
No se ha especificado si las labores de vigilancia estarán a cargo de personal público capacitado por la Alcaldía, o si se asignará esta tarea a empresas privadas, lo que podría modificar la función que ha ejercido tradicionalmente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Inversión social y empleo local
El proyecto contempla, además de la construcción de la cárcel, la inversión de 1.000 millones de pesos en obras comunitarias para el corregimiento de San Cristóbal. Durante el pico de la obra, se proyecta la creación de unos 500 empleos, priorizando mano de obra calificada de la zona.
La administración municipal afirma que el centro penitenciario cumplirá altos estándares de calidad, tecnología y seguridad. Entre las especificaciones anunciadas se incluyen sistemas para impedir la comunicación ilícita y mecanismos que eviten que las actividades delictivas continúen desde el interior.
El avance de la construcción alcanzaba el 3% en el mes de septiembre, de acuerdo con el reporte más reciente. Se espera que, una vez inaugurada, la cárcel ayude a restituir las funciones operativas de la policía, permitiendo que los uniformados retomen tareas de patrullaje y control en vez de vigilancia de sindicados.
La apertura del establecimiento busca atender los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que ordenaron garantizar infraestructura penitenciaria digna. Con este paso, Medellín asume una posición pionera en el país y abre un debate sobre el futuro de la gestión carcelaria mediante alianzas público-privadas.