Once familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” han presentado una apelación contra el reciente archivo del caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Argentina.
La denuncia fue inicialmente archivada por el juez federal Sebastián Ramos, quien se apoyó en la postura de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la existencia de un sistema judicial funcional en Colombia.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Sin embargo, las querellantes aseguran que la decisión no refleja la realidad de la justicia colombiana y buscan que la causa sea reabierta en el marco de la jurisdicción universal.
Bénédict De Moerloose, abogado y asesor internacional de las familias, confirmó al medio Blu Radio que la apelación ya fue presentada y que ahora el caso será elevado a la Cámara de Apelación. “Argentina tiene que retomar el caso y tiene que investigar”, aseguró De Moerloose, argumentando que la interpretación del juez Ramos no se ajusta a la jurisprudencia argentina sobre crímenes internacionales graves.
La jurisdicción universal permite a los tribunales de un país investigar delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra aunque hayan ocurrido fuera de su territorio.
Este mecanismo ha sido clave en casos emblemáticos, como los crímenes del franquismo en España, la persecución de la minoría Rohingya en Myanmar y la represión de los uigures en China. En todos estos antecedentes, el archivo inicial de la causa no fue definitivo: las apelaciones de las víctimas llevaron a la reapertura de investigaciones y al avance de los procesos judiciales.
El juez Ramos decidió archivar la denuncia con base en la decisión de la CPI de cerrar su investigación preliminar en Colombia, considerando que existía un sistema judicial funcional.
Sin embargo, De Moerloose sostiene que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en Colombia tras el acuerdo con las Farc, no tiene competencia para investigar a expresidentes.
“Los casos que involucran a exmandatarios recaen en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que no ha llevado a juicio a ningún exjefe de Estado. Su naturaleza política impide avances sustanciales en investigaciones de este tipo”, señaló el abogado.
El proceso de apelación en Argentina ya está en marcha. Una vez elevada la causa a la Cámara de Apelación, una sala evaluará si convoca a una audiencia donde las partes podrán ampliar sus argumentos.
De Moerloose estimó que la decisión sobre la admisión de la apelación podría conocerse durante los primeros meses del próximo año, aunque el receso judicial de enero podría retrasar los trámites.
En Colombia, la falta de avances en las investigaciones de los falsos positivos ha sido motivo de críticas recurrentes. Diversos analistas han señalado que la Comisión de Acusación ha sido históricamente ineficaz para procesar a altos funcionarios, debido a su composición política y a la asignación de casos a congresistas afines a los investigados.
Casos recientes en los que se asignaron investigaciones a políticos vinculados a exmandatarios refuerzan la percepción de que la justicia interna no garantiza imparcialidad ni resultados concretos.
La utilización de la jurisdicción universal se activa cuando las víctimas consideran que se han agotado todas las instancias judiciales en su país sin obtener justicia.
En Colombia, la JEP ha centrado sus investigaciones principalmente en los altos mandos militares, dejando fuera a los máximos responsables civiles de las ejecuciones extrajudiciales. Según De Moerloose, esto deja un vacío de impunidad que contraviene el derecho internacional: “Acudimos a la Jurisdicción Universal para romper esta pared de impunidad que todavía subsiste en Colombia”, explicó.
El caso de los falsos positivos es uno de los episodios más recordados de la historia reciente de Colombia, con presuntas miles de víctimas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros caídos en combate.
Pese a los procesos en la JEP y en la Comisión de Acusación, las víctimas sostienen que ningún responsable político de alto nivel ha sido llevado ante la justicia. La apelación en Argentina busca que la justicia de ese país asuma la investigación, en consonancia con el mandato constitucional argentino de perseguir crímenes de lesa humanidad cuando no hay justicia efectiva en el país donde ocurrieron los hechos.