La reciente solicitud del Tren de Aragua para iniciar diálogos con el Gobierno colombiano ha reavivado el debate sobre los alcances de la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro.
La petición, firmada por Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa y uno de los fundadores de la organización criminal, fue presentada el 11 de octubre y recibió una respuesta oficial que dejó la decisión final en manos del mandatario.
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Según información de Semana, la carta de Larry Changa, actualmente detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y solicitado en extradición por Chile y Venezuela, propone colaborar en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales.
En el documento dirigido al Ministerio de Justicia y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Larry Changa manifestó la voluntad del Tren de Aragua de sumarse a la política de paz, argumentando su preocupación por las condiciones sociales que favorecen la criminalidad, como la pobreza extrema y la exclusión social.
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El líder de la organización, quien compartió prisión con Niño Guerrero, otro de los fundadores, en la cárcel de Tocorón en Venezuela, se presenta como vocero autorizado y plantea la disposición de la banda para colaborar con el Estado colombiano en la reducción de la violencia y la protección de comunidades vulnerables y migrantes.
La respuesta oficial, firmada por Daniel Fernando Eslava, asesor de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y encabezada por el comisionado Otty Patiño, sorprendió por su tono abierto.
“Valoramos profundamente su interés genuino en formar parte de esta política pública esencial para el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro. Su compromiso con la construcción de paz y su implementación territorial es altamente significativo”, afirmó
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En la comunicación, citada por Semana, se reconoce el interés del Tren de Aragua en participar en la política pública de paz y se destaca su compromiso con la construcción de paz y la implementación territorial.
No obstante, el documento aclara que, conforme a la Ley 2272 de 2022, la decisión final corresponde al presidente Gustavo Petro, a quien se remitió la solicitud para su evaluación y respuesta de fondo.
La reacción de las autoridades colombianas fue inmediata. Eduardo Montealegre, exministro de Justicia, rechazó la posibilidad de negociación.
Montealegre subrayó que durante el actual gobierno se han expedido más de 450 resoluciones de extradición relacionadas con el narcotráfico, y que solo cuatro personas han recibido la suspensión de la extradición por su participación como gestores de paz.
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El exministro enfatizó, en declaraciones recogidas por Semana, que el Estado colombiano ha adoptado medidas estrictas para evitar que miembros de organizaciones delictivas utilicen los procesos de paz como pretexto para eludir la extradición.
El caso del Tren de Aragua plantea desafíos jurídicos inéditos para la política de paz total. A diferencia de otros actores armados, esta organización opera a nivel transnacional, lo que complica su inclusión en procesos de negociación.
La respuesta oficial reconoce estos vacíos legales y remite la decisión al presidente, quien debe definir los lineamientos para cualquier acercamiento con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
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En el ámbito internacional, la calificación del Tren de Aragua ha generado posturas divergentes. Mientras el presidente Gustavo Petro, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, sostuvo que el grupo no es una organización terrorista, sino una banda criminal surgida en el contexto del bloqueo a Venezuela, Estados Unidos mantiene una posición opuesta.
El expresidente Donald Trump, citado por Semana, ha calificado al Tren de Aragua como una organización terrorista aliada al cartel de los Soles, vinculado al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Esta diferencia de criterios refleja la complejidad del fenómeno y sus implicaciones para la política exterior y la seguridad regional.
Además de Larry Changa, otros miembros de alto perfil del Tren de Aragua figuran en procesos de extradición. Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, está implicado en el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda, refugiado en Chile.
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Dayonis Junior Orozco, alias Boti, es requerido por el gobierno chileno por el asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez. Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, también participó en el crimen de Ojeda y podría sumarse a la negociación si el Gobierno colombiano decide abrir ese canal.
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