La confirmación de la separación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer, se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales. Como quedó en evidencia tras las recientes críticas de la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, del partido Centro Democrático, que no dudó en arremeter contra la pareja, debido a una situación particular.
Carrasquilla, reconocida por su trayectoria como exfiscal y apodada ‘La Dama de Hierro’ en la capital antioqueña, lanzó fuertes críticas contra Alcocer: al cuestionar el uso de recursos públicos durante su gestión y advertir de que “la estarán vigilando”. Las acusaciones incluyen señalamientos de peculado y advertencias de acciones legales, en relación con la transparencia en el manejo de fondos estatales.
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En sus declaraciones, la cabildante exigió explicaciones a Alcocer por el gasto de más de $1.000 millones en viajes y asesorías, y señaló que, si no ejercía formalmente el rol de primera dama, no tenía justificación para utilizar recursos del Estado. “Usted tendrá que explicarle al país por qué gastó más de $1.000 millones en viajes y asesorías”, afirmó la concejal en un video en sus redes sociales.
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Y planteó la posibilidad de que tales acciones constituyan peculado por apropiación en favor de terceros y peculado propio; y, en ese sentido, también criticó la presencia de Alcocer en la cárcel de La Picota el mes pasado. “¿Qué hacía reuniéndose con criminales?”, señaló Carrasquilla, que sugirió que podría estar supliendo funciones de otros miembros del círculo presidencial.
En ese orden de ideas, la concejala anunció su intención de solicitar a las autoridades colombianas la apertura de una investigación penal contra Alcocer por estos hechos.
Uso de recursos públicos y debate sobre el rol de la primera dama están en el orden del día
Es válido precisar que estas acusaciones hacen parte del debate sobre el uso de recursos públicos por parte de Alcocer mientras desempeñaba funciones de primera dama; a pesar de que, según declaraciones recientes de Petro, la pareja llevaba años separada. Críticos han puesto en duda la legitimidad de los gastos oficiales realizados por Alcocer, por motivos meramente jurídicos.
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En efecto, los detractores han argumentado que, si no existía convivencia con el presidente, su papel como primera dama carecía de sustento administrativo y legal para acceder a fondos estatales. La controversia creció cuando se conoció que, aunque el matrimonio no se ha disuelto formalmente, la falta de convivencia plantea interrogantes sobre la justificación de los recursos asignados a su despacho.
Las declaraciones de Petro parecen ser, en cierto modo, contradictorias. En ocasiones anteriores, el presidente se refirió públicamente a Alcocer como “mi esposa”, mientras que, tras el escándalo, afirmó que la separación llevaba años. Esta disparidad ha generado dudas sobre la veracidad de la información proporcionada a la opinión pública y sobre la transparencia en la gestión de la figura.
Para Carrasquilla, y otros personajes de la oposición, el dilema no solo es legal, sino también ético y administrativo, ya que la revelación de la no convivencia pone en entredicho la pertinencia de los gastos asociados a la representación oficial de Alcocer: que desde hace varios meses no reside en la Casa de Nariño, sino que incluso ha establecido su vivienda fuera del país, en países como Suecia e Italia.
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El contexto en el que se produce esta polémica no es cualquiera, pues la confirmación de la separación se registró tras la inclusión de Petro, Alcocer y el hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro Burgos, en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con ello, el primer mandatario intentó librar a su todavía cónyuge, con la que sostuvo matrimonio en 2000, frente a las consecuencias.