El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la extensión por un año más del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, aunque con la exclusión de dos funciones centrales: la verificación de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016.
La decisión, impulsada por el Reino Unido y aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones —las de Estados Unidos y Rusia—, generó la reacción del presidente Gustavo Petro, que atribuyó la reducción a un cambio en las prioridades del gobierno estadounidense.
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“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del gobierno actual de los EEUU con la verdad en Colombia”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
El mandatario sostuvo además que “los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia y de disparar el negocio de la cocaína en el país y sobre los consumidores de EEUU”.
Petro añadió que su inclusión en la Lista Clinton no obedece a vínculos con actividades ilícitas, sino a razones políticas: “Por eso se me mete en la lista OFAC no como narco, es imposible probar eso, sino como enemigo de los genocidios y del consumo del petróleo. Saben que en mí no se encuentra apoyo para una economía fósil, sino para una economía de la vida”.
Estados Unidos y Rusia se abstienen en la votación
A diferencia de las renovaciones anteriores, la resolución de este año no fue unánime. La Embajada estadounidense ante la ONU explicó que la Misión de Verificación “se había excedido de su alcance original”, centrado en el desarme y desarticulación de las FARC. El embajador Michael Waltz declaró que “bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, Estados Unidos ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente”.
El representante estadounidense agregó que su país sigue apoyando la paz y la justicia en Colombia, pero subrayó la necesidad de reducir los costos y la duración de las misiones internacionales. “Ahora ha llegado el momento de poner el ejemplo con esta reducción de mandato”, afirmó.
Por su parte, el embajador ruso Vasily Nebenzya justificó la abstención de su país con razones opuestas, señalando que la reducción “refleja las tensas relaciones entre los dos países”. Además, advirtió sobre el impacto que tendrá el retiro de las funciones relacionadas con la verdad, la justicia y la no repetición. “Todos sabemos que la de Colombia es una de las misiones más baratas”, dijo Nebenzya al responder a los argumentos financieros presentados por Estados Unidos.
Posición del Gobierno colombiano
Durante la sesión, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, reafirmó el compromiso del Estado colombiano con la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. “Implementar lo pactado es una obligación de Estado que trasciende los cambios de gobierno”, afirmó.
La diplomática lamentó el retiro de la Misión de las tareas de justicia transicional y defendió el modelo centrado en las víctimas, al que calificó como un ejemplo para la comunidad internacional. También deploró la eliminación del Capítulo Étnico de las funciones de la ONU, recordando que las comunidades indígenas han sido de las más afectadas por el conflicto armado. “Como mujer indígena sé que la paz solo es alcanzable cuando es incluyente”, expresó.
La Misión de Verificación de la ONU informó que su nuevo mandato se concentrará en tres áreas principales: la reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las Farc; las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes y comunidades; y la verificación de la reforma rural integral. “Estos elementos son fundamentales para avanzar hacia una paz sostenible y duradera en Colombia”, concluyó la organización en su comunicado.
La JEP descartó afectaciones a su trabajo, tras decisión de la ONU
Tras conocerse la resolución del Consejo de Seguridad, la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que la reducción del mandato de la ONU no compromete la verificación ni el cumplimiento de sus primeras sentencias condenatorias. En un comunicado, la entidad precisó que “la JEP garantiza la verificación del cumplimiento de sus primeras sentencias condenatorias impuestas por el tribunal para la paz de la JEP a los máximos responsables que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad”.
La jurisdicción agradeció el respaldo de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad “en materia de avances de la justicia transicional, en especial, la expedición de sus primeras sentencias condenatorias” y reafirmó su compromiso con las víctimas y la comunidad internacional “para esclarecer la verdad, hacer justicia y allanar el camino para que la tragedia del conflicto no se repita”.
El tribunal de paz también informó que la Sección de Reconocimiento de Verdad y el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva cuentan con personal especializado y tecnología avanzada para supervisar las sanciones en tiempo real.