La posibilidad de que Colombia le suministre energía eléctrica a Venezuela, en medio de la crisis diplomática del Gobierno de Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump, sumó un nuevo capítulo con una reciente comunicación de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Según dio a conocer en un comunicado difundido por El Colombiano el jueves 30 de octubre, la empresa negó haber firmado contratos para restablecer el intercambio energético binacional, en respuesta a versiones difundidas por Cambio que señalaban un supuesto plan del Gobierno de Gustavo Petro para retomar el suministro de energía entre ambos países.
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La empresa, considerada una de las principales del sector energético colombiano, subrayó que cualquier decisión sobre la línea binacional se adoptará “en cumplimiento del marco legal local e internacional” y de acuerdo con los principios que han regido su operación durante décadas.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión en el sector, tras conocerse gestiones del Ministerio de Minas y Energía y de firmas privadas interesadas en reactivar un proyecto que permanece inactivo desde 2013, cuando se desconectó la línea entre Cúcuta (Colombia) y El Corozo (Venezuela).
ISA detalló que posee la bahía de conexión en la subestación San Mateo, en Cúcuta, infraestructura que permitió el intercambio eléctrico con Venezuela hasta el 31 de octubre de 2013. No obstante, la compañía enfatizó que no ha suscrito ningún contrato de conexión ni con el Gobierno venezolano ni con empresas privadas que buscan reactivar el enlace binacional.
En su comunicado, la empresa destacó cinco puntos fundamentales. En primer lugar, precisó que cualquier agente del mercado puede solicitar acceso a la infraestructura si cumple los requisitos técnicos y regulatorios establecidos en la Ley 143 de 1994, pero esto no implica acuerdos automáticos con ISA. En segundo término, la compañía informó que desde julio de 2025, tras una revisión del marco normativo internacional con asesores externos, se decidió no firmar contratos de conexión debido al riesgo regulatorio y geopolítico.
El tercer punto señala que se evaluó la posibilidad de vender el activo mediante una oferta pública abierta, pero la administración suspendió ese proceso antes de que llegara a la Junta Directiva. En cuarto lugar, ISA aseguró que su Junta Directiva no ha aprobado ni avalado ningún negocio relacionado con Venezuela, ni ha tenido conocimiento de fases exploratorias. Finalmente, la empresa advirtió que cualquier decisión futura deberá someterse a un proceso de debida diligencia y consultas ante las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales.
La advertencia de ISA coincide con la preocupación manifestada por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que atiende a más de dos millones de usuarios en cuarenta y ocho municipios. Por su ubicación estratégica, Cens está directamente involucrada en la línea Corozo–San Mateo, un tendido de 47 kilómetros construido en 1996, esencial para el transporte de energía entre Colombia y Venezuela.
Aunque el Gobierno Petro, mediante la Resolución 40024 del 28 de enero de 2025, habilitó el intercambio eléctrico binacional, Cens advirtió sobre los riesgos legales y reputacionales derivados de la participación del Estado venezolano en empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una fuente cercana al proceso manifestó a El Colombiano: “Al analizar el contrato de conexión, se encontró riesgo de contagio debido a las sanciones de Estados Unidos. Por eso se informó a las firmas involucradas que no se firmaría el contrato”.
Las empresas del sector eléctrico han expresado su inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno insista en reactivar la conexión con Venezuela, lo que podría exponerlas a sanciones por parte de Estados Unidos, agravando todavía más las relaciones entre ambos países. Fuentes del sector señalaron que, si el Ejecutivo intenta forzar la cesión de activos o la participación en el proyecto, las compañías consideran la opción de acudir a instancias judiciales para proteger el patrimonio público.