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Gustavo Petro propuso que Colombia denuncie ante la ONU los bombardeos de Estados Unidos al Caribe

El mandatario colombiano reaccionó a un informe de Amnistía Internacional que califica de ilegales las acciones militares de Estados Unidos y pidió intervención de la comunidad internacional para cesar estas operaciones

Petro busca que Colombia se sume al debate internacional sobre estas operaciones, reafirmando su postura histórica de rechazo a intervenciones militares estadounidenses y protegiendo la soberanía regional - crédito Colprensa y EFE

El presidente Gustavo Petro señaló que Colombia debe denunciar ante la ONU y exigir el cese de las operaciones militares en el Caribe, tras un informe de Amnistía Internacional que calificó los bombardeos de ilegales y pidió intervención del Congreso de Estados Unidos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Colombia debe presentar una proposición en Naciones Unidas pidiendo el cese de la agresión al Caribe, en reacción al reporte internacional que documenta las acciones militares estadounidenses en la región.

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Esta no es la primera vez que el mandatario colombiano se pronuncia sobre los bombardeos de EE. UU.; en varias oportunidades ha rechazado las operaciones aéreas en el Caribe y América Latina, argumentando que violan el derecho internacional y afectan la soberanía regional.

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El presidente rechazó en varias oportunidades las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe - crédito @petrogustavo/X

El Informe de Amnistía Internacional citado por Petro

Amnistía Internacional denunció que “los ataques aéreos de EE. UU. en América Latina y el Caribe, que han causado al menos 57 muertes desde principios de septiembre, son ilegales, y el Congreso debe actuar ahora para impedir que el gobierno continúe con estos bombardeos”.

Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional EE. UU., afirmó que “la administración ni siquiera ha nombrado a sus víctimas, ni proporcionado evidencia de sus presuntos delitos. Pero, incluso si lo hiciera, matar intencionalmente a personas acusadas de cometer delitos que no representan una amenaza inmediata a la vida es asesinato, punto”.

El informe señala que los ataques han sido ejecutados por el Comando Sur estadounidense bajo órdenes de la administración Trump, sin pruebas de amenaza inminente y sin intentar detener o capturar los objetivos, acciones que califican como ejecuciones extrajudiciales. Según el reporte, ni los narcotraficantes ni sus embarcaciones representan un riesgo inmediato de vida que justifique el uso de fuerza letal.

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El ejército estadounidense atacó otro barco en el Pacífico que, según afirmó, traficaba drogas - crédito X

Amnistía Internacional resalta que el Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra y que Estados Unidos no está en conflicto armado con la región. Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de la organización, indicó que “las leyes de guerra simplemente no aplican aquí. El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de combate donde el ejército pueda bombardear embarcaciones que la Casa Blanca afirma llevan enemigos”.

El informe también critica la justificación de Estados Unidos basada en la lucha contra los carteles de drogas, subrayando que estas operaciones deberían ser tareas de aplicación de la ley, sujetas a derechos humanos y con uso de fuerza letal solo en caso de amenaza inmediata. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “la vida humana no puede quedar a merced del capricho de un gobernante. Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendición de cuentas”.

Llamado a la acción del Congreso de EE. UU.

Amnistía Internacional instó al Congreso de EE. UU. a detener los ataques y garantizar justicia - crédito Cámara de Representantes de Estados Unidos

Amnistía Internacional instó al Congreso estadounidense a detener los ataques y garantizar que los responsables directos y quienes ordenaron las acciones sean llevados ante la justicia, pues el reporte subraya que el presidente Trump y altos funcionarios se han atribuido públicamente la responsabilidad de las muertes, sin atender a la supervisión congresional ni al derecho internacional.

Con su propuesta ante la ONU, Petro busca que Colombia se sume al debate internacional sobre estas operaciones y promueva medidas para el cese de los ataques en el Caribe y Pacífico, reafirmando su postura de rechazo a las intervenciones militares estadounidenses en la región y enfatizando la protección de los derechos humanos, la paz regional, la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento del multilateralismo y el respeto al derecho internacional como principios esenciales de la política exterior colombiana.

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