El hallazgo de una cabeza humana abandonada en el corregimiento San Perucho, a 35 minutos del casco urbano de Andes, intensificó la preocupación por la ola de violencia que atraviesa este municipio del suroeste antioqueño.
Dos hombres fueron asesinados y decapitados en hechos distintos, lo que elevó a 58 el número de homicidios registrados en la localidad en lo que va del 2025, una cifra que supera ampliamente cualquier antecedente histórico en la zona.
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El primer caso se conoció cuando habitantes de San Perucho alertaron a las autoridades tras encontrar una cabeza humana. Agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar la inspección correspondiente, pero hasta el momento no han logrado ubicar el resto del cuerpo.
Este hecho generó inquietud entre los residentes, que temen que la violencia continúe escalando.
Horas después, en una finca de la vereda Líbano, corregimiento Chaparrala, a 40 minutos del parque principal de Andes, se reportó el asesinato de otro hombre, cuya identidad no ha sido establecida.
El cadáver presentaba una decapitación parcial del cuello, de derecha a izquierda, con base en el informe judicial. Las autoridades tampoco han identificado a los responsables de este crimen.
La Policía Antioquia informó que de los 58 homicidios registrados en el municipio durante el año, 48 ocurrieron en la zona rural, especialmente en áreas limítrofes con los departamentos de Caldas, Risaralda y Chocó, mientras que los 10 restantes se produjeron en la zona urbana.
El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de este departamento policial, explicó que “el incremento de los casos de homicidio están relacionados, en gran parte, al ajuste de cuentas y microtráfico por parte de las estructuras criminales que se disputan estas rentas”.
Las investigaciones en curso buscan determinar tanto la identidad de las víctimas como las organizaciones criminales responsables de estos hechos. Analizan la posible vinculación de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, así como la participación de la banda La Terraza de Medellín, que en esta subregión opera bajo los nombres de La Oficina de Andes o Halcones del Suroeste.
Cementerio de Andes al borde del colapso por ola de violencia
La crisis de violencia en Andes se agrava por la falta de bóvedas públicas, una situación que se arrastra desde hace más de ocho años y que se ve exacerbada por el aumento de muertes violentas en la localidad, conocida como la capital del Suroeste antioqueño.
El párroco Norberto Gallego Marín alertó sobre la escasez de espacio para entierros: solo quedan 25 bóvedas públicas disponibles y durante septiembre se enterraron 19 personas, 15 de ellas víctimas de violencia.
Gallego Marín remarcó en El Colombiano: “No es que como párroco esté preocupado porque no haya donde enterrar gente, sino que el llamado, entre otras cosas, es a que no se siga desbordando la violencia en el municipio y nos siga dejando tantas víctimas”.
Andes concentra el 25% de los homicidios de la subregión, en un contexto de confrontación de al menos cinco organizaciones con la participación activa del Clan del Golfo.
La población del municipio aumenta en temporadas de cosecha cafetera, alcanzando cerca de 64.400 personas con una alta presencia de foráneos, algunos provenientes de zonas mineras.
De acuerdo con el sepulturero Rubén Darío Taborda, muchas víctimas enterradas no son oriundas de Andes y se gestionan traslados a sus lugares de origen. Ante la falta de respuesta efectiva del Gobierno nacional a los pedidos de más seguridad, la Alcaldía y la Policía avanzan en capturas de miembros de bandas como La Terraza, notificando la incautación de droga y otros elementos.
La parroquia pidió a la comunidad exhumar restos de familiares para liberar bóvedas y evitar el colapso. Se comenzaron trámites en seis familias para desocupar sitios, mientras la ampliación reciente de osarios se agotó rápidamente.
Más de 100 tumbas privadas están vacantes, pero no pueden ser reutilizadas, lo que impide aliviar la situación. Tanto autoridades locales como la parroquia señalan que la solución de fondo requiere reducir la violencia que recae sobre la comunidad y el cementerio.