Corre el tiempo para los cuatro secuestrados de la Policía y la Fiscalía General de la Nación por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que el grupo armado tomara una radical decisión luego de varios meses de cautiverio.
Según dio a conocer esa guerrilla en un comunicado, el Frente de Guerra Oriental iniciará un llamado “juicio revolucionario” a los secuestrados, medida que el grupo justifica ante la falta de avances en negociaciones con el Gobierno de Colombia.
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Tras la publicación de nuevas pruebas de vida el 20 de octubre, en las que los cautivos solicitaron gestiones urgentes para su liberación, el ELN aseguró que, dado el estancamiento en el proceso, optará por imponer eventuales sanciones de reclusión, según comunicaron mediante video.
Los afectados son los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, junto a los patrulleros de la Dijín de la Policía Nacional, Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia.
El ELN declaró en su mensaje audiovisual que “Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankin Sley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia de Jimbo, Bogotá pasarán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar”.
En la comunicación, el grupo también resaltó su postura frente al trato dispensado por el Estado, a quien acusó de mantener una política punitiva y no de diálogo para avanzar en las negociaciones.
“A diferencia del régimen que aplica una justicia desproporcionada, brutal y punitiva contra el ELN y los luchadores sociales, el ELN se orienta hacia una justicia diferenciada a los operadores y preserva la vida. Seguimos en disposición de acuerdos humanitarios en el caso de los prisioneros”, señaló el grupo armado.
De acuerdo al anuncio, la privación podría extenderse más de tres años, reflejando la gravedad de la situación para los funcionarios detenidos.
Durante las grabaciones difundidas previamente, los secuestrados dirigieron mensajes al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, así como a organismos de derechos humanos, solicitando la intervención para agilizar su liberación.
Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien suma 26 años de servicio en la Fiscalía, relató su situación de salud delicada: “Me encuentro preocupado por la situación en la cual estoy (...) Tengo problemas de salud, soy hipertenso, tengo un problema de vesícula y necesito, por favor, que ustedes nos colaboren para salir de esta situación”.
Por su parte, el subintendente Frankesley Hoyos Murcia insistió: “Llevamos tres meses y no se ha podido llegar a un acuerdo. Le solicitamos encarecidamente realizar algún tipo de acuerdo para poder retornar a nuestros hogares. Trabajamos para el Gobierno Nacional, (...) necesitamos regresar a nuestro hogar”.
El patrullero Yordy Fabián Pérez Mendoza reclamó la falta de respuestas gubernamentales, declarando: “Ya han transcurrido casi cuatro meses y el Gobierno Nacional no da una respuesta, no se preocupa por nuestra liberación”. Todos los funcionarios enviaron además mensajes de fortaleza a sus familiares, quienes siguen a la espera de noticias mientras se cumple un periodo de cautiverio que supera los cuatro meses.
Los secuestros ocurrieron en distintos operativos: Pacheco Oviedo y López Estrada fueron capturados el 8 de mayo en Fortul, mientras que Pérez Mendoza y Hoyos Murcia fueron interceptados el 20 de julio en la vía que conecta Tame y Arauca.
El ELN ya había divulgado, el 31 de agosto, un video anterior en el que los secuestrados pedían la mediación de la comunidad internacional y la Iglesia Católica, materializando, con las nuevas grabaciones y los últimos anuncios, la continuidad de su presión tanto a las autoridades como a los actores humanitarios.