El Tren de Cercanías del Valle del Cauca, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para el suroccidente colombiano, enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar su paralización hasta mediados de 2026 por un requisito para su ejecución que corre por cuenta del Gobierno nacional.
Las autoridades del departamento, lideradas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, han reiterado que es de carácter urgente que la Administración gubernamental firme el convenio de cofinanciación del tramo Cali–Jamundí antes del 8 de noviembre de 2025, fecha en la que entrará en vigencia la Ley de Garantías Electorales 2026.
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Esta normativa impone restricciones en la contratación pública y la ejecución de recursos estatales, lo que podría postergar significativamente la aprobación del Conpes de Declaratoria de Importancia Estratégica, paso clave para liberar los fondos nacionales.
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Los mandatarios de la región señalaron que ya cumplieron con todos los requisitos que exige la ley dentro de su competencia, incluyendo la aportación de recursos por parte del departamento y los municipios, por lo que posible parálisis en la ejecución afectaría no solo el desarrollo del departamento, sino las finanzas públicas de la región.
En este sentido, destacaron que el proyecto está completamente estructurado y que solo falta el aval técnico del Ministerio de Transporte, el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y la aprobación del documento Conpes por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Si bien en septiembre de 2025 la cartera de Transporte anunció que en octubre sería la firma oficial del convenio, esto todavía no se ha concretado, lo que genera preocupación e incertidumbre entre las autoridades regionales, los gremios de transportadores y los ciudadanos.
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Al llamado de las autoridades regionales se sumaron gremios económicos, como la Cámara de la Infraestructura en el Valle del Cauca, con el fin de que uno de los proyectos clave para el departamento no quede por fuera del presupuesto nacional y no se pierdan más de 10 años de trabajo conjunto.
La directora ejecutiva de la entidad, María Fernanda Santa, enfatizó que el Tren de Cercanías está completamente estructurado, con todos los estudios técnicos listos y el respaldo financiero de la región, y que su futuro depende únicamente del compromiso del Gobierno nacional.
“El proyecto está completamente estructurado, es decir, tiene todos los estudios técnicos listos y el respaldo financiero de la región. Su futuro depende tanto de este aval técnico como del aval fiscal del Gobierno Nacional, que debe otorgarse antes del 8 de noviembre, fecha límite previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”, indicó la dirigente.
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La inversión total del proyecto asciende a $12 billones, de los cuales el Gobierno Nacional aportaría el 70% ($8,4 billones) y las entidades territoriales el 30% restante, que corresponde a aproximadamente $3,6 billones. Dicho aporte regional se divide entre la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Alcaldía de Jamundí.
Este sistema ferroviario 100% eléctrico, que recorrerá 23 kilómetros y contará con 21 estaciones, beneficiará a más de un millón de pasajeros y reducirá los tiempos de viaje en un 33%. Además, se estima que generará más de 14.000 empleos directos e indirectos durante su construcción y operación, dinamizando la economía regional.
Desde el punto de vista ambiental, el tren permitirá evitar la emisión de más de 37.000 toneladas de CO₂ al año, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático y mejora la calidad del aire en la región. Sumado a esto, se espera que a lo largo de su vida útil, el proyecto evite la emisión de millones de toneladas de partículas contaminantes, ayudando a cumplir con los compromisos ambientales del país y fortaleciendo la sostenibilidad urbana.
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