La atención en Colombia se centra este martes 21 de octubre en la resolución que adoptó el Tribunal Superior de Bogotá sobre el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.
El tribunal escogió esta fecha para anunciar si ratifica, modifica o revoca la sentencia que le impuso al expresidente una pena de 12 años de prisión domiciliaria, tras analizar los recursos de apelación presentados tanto por su defensa como por la Procuraduría.
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La figura de la segunda instancia cobra relevancia en este proceso, ya que responde a la necesidad de verificar las decisiones tomadas por un juez de menor jerarquía ante la interposición de apelaciones, este caso la jueza 44 de conocimiento de Bogotá Sandra Liliana Heredia.
El penalista Juan Felipe Criollo explicó a Caracol Radio que en el acto que adelanta desde las 8:00 a. m. este martes, el juez debe decidir si la condena inicial impuesta contra el exmandatario se califica como “justa” o, si por el contrario, merece de modificaciones parciales o totales.
“La segunda instancia no es más que la verificación por un juez superior o de mayor jerarquía de una decisión de primera instancia y en este caso se van a revisar varios aspectos”, señaló el experto.
En este escenario se determina si Uribe Vélez es culpable o inocente, lo que podría llevar a una absolución total, a una condena total o parcial, o bien a la confirmación de la sentencia ya emitida.
En su análisis al medio, Criollo detalló que el tribunal no solo decide sobre la culpabilidad del exmandatario, sino también sobre el lugar en donde se cumpliría la pena en caso de mantenerse una condena —es decir, si permanecería en prisión domiciliaria como dictaminó la juez de primera instancia o si sería trasladado a un centro carcelario—.
Además, se evalúa el quantum de la pena, es decir, la cantidad exacta de años a purgar: “En caso de que salga condenado, tendrán que mirar ese quantum, si es exactamente el mismo de primera instancia y se confirma o si por el contrario se hace alguna modificación generando una rebaja en esa pena de 12 años inicialmente impuesta”, aclaró el penalista al medio.
El proceso llegó al tribunal porque tanto la defensa de Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, como el delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, consideraron injusta la condena.
Por ello, apelaron ante la segunda instancia, que encabezaron los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.
El papel de estos togados consiste en revisar los argumentos de las partes y determinar si la sentencia de la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, del 1 de agosto, fue correcta.
La acusación de la Fiscalía señaló a Uribe Vélez como quien, a través del abogado Diego Cadena, habría sido el “determinador de una serie de peregrinajes en las cárceles del país buscando testigos falsos contra Iván Cepeda”, de acuerdo al expediente recogido por la Fiscalía.
Uribe habría buscado que detenidos modificaran sus versiones ante la justicia para desvincularlo de presuntos nexos con grupos paramilitares, según relató la acusación.
La resolución de la segunda instancia permite conocer si se ratifica la pena de 12 años de prisión domiciliaria—impuesta en la primera sentencia—, si se introduce alguna modificación o si, por el contrario, se produce una absolución, poniendo punto final al mayor proceso judicial en la historia contemporánea del país contra un expresidente.
Entretanto, el país sigue a la espera de la decisión final del tribunal que podría confirmar la primera condena a un expresidente colombiano.