Las discusiones sobre el consumo de marihuana y otras sustancias psicoactivas en edificios y conjuntos residenciales siguen generando debate en Colombia. Aunque las leyes parecen claras, en la práctica muchos administradores y vecinos no saben hasta dónde pueden llegar las normas internas cuando se trata de fumar dentro de una propiedad privada o en los espacios comunes del conjunto.
El punto de partida está en la Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de Propiedad Horizontal, que establece las reglas para la convivencia en edificios y conjuntos, garantizando que el uso de las áreas compartidas no afecte los derechos de los demás residentes. Este marco legal permite que las comunidades adopten sus propios reglamentos, pero siempre dentro de los límites que impone la ley.
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En los últimos años, el tema del consumo de marihuana ocupa un lugar importante en las asambleas de copropietarios. Algunos residentes piden prohibir completamente su uso dentro del conjunto, mientras que otros insisten en que hacerlo sería una violación del derecho a la intimidad. Las diferencias suelen agudizarse cuando el olor del humo o el consumo en espacios abiertos genera molestias entre vecinos.
En este punto, la Ley 1335 de 2009 marca un precedente. En su artículo 19, prohíbe fumar tabaco y sus derivados en lugares cerrados de trabajo o de acceso público, como restaurantes, bares, discotecas, centros comerciales, parques, estadios, bibliotecas, entidades de salud, instituciones educativas o medios de transporte. La misma norma extiende la restricción a sitios con riesgo de combustión, como estaciones de gasolina o espacios con materiales inflamables.
Esta ley, sin embargo, está centrada en el tabaco y productos similares, por lo que su aplicación directa al consumo de marihuana en contextos residenciales no siempre es inmediata. Es aquí donde entra en juego una norma más reciente, la Ley 2000 de 2019, que modificó el Código Nacional de Policía y abrió la puerta para que asambleas y consejos de administración puedan regular o prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en áreas comunes, siempre y cuando las decisiones estén debidamente sustentadas y aprobadas por los copropietarios.
El Ministerio de Vivienda reitera que estas medidas son válidas únicamente para los espacios compartidos. Es decir, una comunidad puede decidir que no se fume en zonas como el parqueadero, las piscinas, los pasillos o los salones comunales, pero no puede extender la prohibición al interior de los apartamentos o casas, ya que eso implicaría desconocer derechos fundamentales como la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
En otras palabras, cada propietario o residente tiene libertad para consumir dentro de su vivienda, siempre que no afecte la tranquilidad ni el bienestar de los demás. En cambio, las zonas comunes, por ser compartidas, pueden estar sujetas a normas más estrictas acordadas por la mayoría.
El reto está en equilibrar esas dos dimensiones, el respeto por la vida privada y la necesidad de garantizar la convivencia. Los administradores suelen recomendar que los reglamentos de propiedad horizontal especifiquen de forma clara los límites y sanciones, y que las decisiones sean tomadas en asamblea con base en el consenso, no en la imposición.
Por eso, aunque en Colombia sí se puede prohibir fumar marihuana, tabaco u otras sustancias en los espacios comunes de los conjuntos, no es legal hacerlo dentro de los hogares. La diferencia radica en que los primeros pertenecen a todos, mientras que los segundos son inviolables, salvo que haya afectaciones comprobables a terceros.
En última instancia, la ley busca mantener un equilibrio razonable entre derechos individuales y deberes colectivos. Las decisiones locales, respaldadas por normas nacionales, deben apuntar a una convivencia armónica donde la libertad de unos no se convierta en una molestia para otros.