La drástica reducción de la asistencia económica de Estados Unidos a Colombia en 2025 encendió las alarmas en sectores clave del país sudamericano, que ahora enfrenta la posibilidad de perder programas sociales, proyectos de desarrollo rural, iniciativas de empleo y proyectos de seguridad.
El recorte, que se produce en medio de una escalada de tensiones diplomáticas entre Donald Trump y Gustavo Petro, dejó en suspenso el futuro de la cooperación bilateral y generó inquietud sobre el impacto directo en millones de colombianos.
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El 19 de octubre de 2025, la suspensión de la ayuda estadounidense se materializó tras un episodio en el que Trump calificó a Petro como “líder del narcotráfico” luego de un ataque a una lancha en aguas del Caribe. Este enfrentamiento público entre los mandatarios deterioró las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito comercial, donde las amenazas arancelarias de la actual administración de Estados Unidos incrementó la incertidumbre.
Ante el anuncio, la pregunta central que se plantea en Colombia es cuánto dejará de percibir el país tras los recortes financieros provenientes de Washington.
Durante el año fiscal 2023, según datos del portal oficial ForeignAssistance.gov, gestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense destinó, USD708 millones (aproximadamente 2,7 billones de pesos colombianos) a Colombia. Estos fondos se canalizaron a través de 550 programas y actividades en el país, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) como principal ejecutora, aportando, USD396 millones, mientras que el Departamento de Estado sumó otros USD290 millones.
La distribución de estos recursos se concentró en sectores como la asistencia humanitaria (USD249 millones), los programas de paz y seguridad (USD157 millones), el apoyo a instituciones (USD115 millones) y el desarrollo económico (USD9,15 millones), de acuerdo con información publicada por Portafolio. Sin embargo, la tendencia cambió de forma abrupta en 2025, cuando los desembolsos cayeron a USD232 millones, lo que representa una reducción del 67% respecto al año anterior.
El cierre de Usaid en Colombia, ordenado por Trump, fue un factor determinante en la disminución de los ingresos, ya que la agencia había sido el principal canal de ayuda durante décadas. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos discute el presupuesto de ayuda exterior para 2026, y los expertos advierten que el futuro de la cooperación bilateral permanece incierto. Si se aprueba una reducción a USD209 millones, este monto sería el más bajo en más de veinte años, marcando un giro relevante en la política exterior de Washington hacia América Latina.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió que la crisis podría agravarse y derivar en consecuencias económicas directas para la población colombiana. Una eventual suspensión total de la ayuda impactaría negativamente en los programas sociales, el desarrollo rural, la generación de empleo y la seguridad. Además, si la situación escala hasta la imposición de aranceles, el efecto recaería no solo en el Gobierno, sino en millones de trabajadores, agricultores y pymes en Colombia, así como en empresas y consumidores de ambos países.
Bajo la misma línea, Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio que agrupa al comercio exterior colombiano, expresó su inquietud ante la posibilidad de que se concreten las sanciones económicas. En un pronunciamiento, Díaz afirmó: “El anuncio del presidente Trump de imponer aranceles, sanciones a la economía colombiana, despierta gran preocupación e incertidumbre dentro de los empresarios y en general dentro de la comunidad colombiana”.
Desde su análisis, “estos aranceles, estas sanciones pueden terminar afectando a la economía formal, a la economía legal, a aquellos empresarios, productores de bienes y de servicios que se exportan al mercado de Estados Unidos, con todas las consecuencias en materia de empleo e ingresos para la población”.
El dirigente gremial también advirtió sobre el efecto contraproducente que podrían tener las sanciones, al señalar que “golpea la economía formal, pero fortalece la economía ilegal. Fortalece al narcotráfico, que es el enemigo común que tenemos los dos países. El enemigo no son los Estados Unidos, el enemigo no es Colombia, es el narcotráfico”.