El viernes 17 de octubre de 2025, en Bogotá, se trazó una jornada de alta tensión cuando manifestaciones, programadas en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, derivaron en un ataque coordinado.
La movilización, inicialmente vinculada a comunidades indígenas y grupos sociales, se vio contaminada por la acción de encapuchados, artefactos explosivos y una violencia que trascendió el derecho legítimo a la protesta.
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La Embajada estadounidense había anunciado horas antes que suspendería sus servicios consulares desde la 1:00 p. m., ante la previsión de “grandes manifestaciones y posibles interrupciones en el transporte alrededor de Bogotá, incluyendo las cercanías de la embajada”.
Y, en efecto, hacia la tarde, la calle 26 –una de las principales arterias de la ciudad– quedó colapsada debido a enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía.
Frente a ello, Infobae Colombia pudo conocer que el episodio no se trató únicamente de una movilización espontánea o pacífica. Según informes bajo reserva, el denominado Frente de Guerra Urbana Camilo Torres del ELN habría enviado milicianos entrenados en explosivos para alterar la manifestación.
Estos criminales—con conocimiento en fabricación y manipulación de artefactos explosivos— habrían sido desplegados para organizar papas bomba, artefactos explosivos rudimentarios y ráfagas de bengalas durante la marcha, con el fin de provocar desestabilización del orden público y apuntar a instalaciones clave como la Embajada estadounidense, entidades bancarias, el sistema de transporte masivo y otras infraestructuras estratégicas.
Este medio pudo conocer que la orden habría provenido de José Benigno Guzmán Mora — conocido como alias El Rolo — que, con cerca de 59 años de edad, lleva aproximadamente 28 años vinculado al ELN y dirige el Frente de Guerra Urbana desde hace algo más de cinco años.
El objetivo de este delincuente sería desplegar una “guerrilla urbana” que busque desestabilizar la ciudad, más allá de herir a uniformados, afectando la percepción de seguridad, y atacando activos estratégicos.
Y es que, en medio de la controversial jornada, manifestantes portaron flechas, piedras, herramientas industriales como cizallas, y se investiga la presencia de explosivos preparados.
De hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como un ataque “organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque” que atacaron con artefactos explosivos, incendiarios, flechas y arcos.
Las autoridades denuncian que la sede diplomática estadounidense estaba entre los blancos previstos. La versión extraoficial que se ha filtrado a este medio sostiene que la Embajada daría servicio diplomático a ciudadanos de EE. UU., y también sería un símbolo lógico para este frente urbano del ELN, que además de sabotear equipamientos del Estado, buscaría deslegitimar la presencia estadounidense en Colombia.
Más aún, la misma versión señala que el objetivo estratégico de este frente incluiría atacar la sede diplomática teniendo en cuenta las “lanchas ‘bombardeadas’ por EE. UU.” en el Caribe, en las cuales supuestamente transportaba drogas conectadas a redes de finanzas ilegales del ELN, y que la represalia debía pasar también por la capital del país.
Frente a ello, es importante mencionar que el director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, aclaró que aunque el Congreso de los Pueblos, uno de los colectivos presentes en la manifestación, es un movimiento estrictamente social, independiente de grupos armados ilegales, “algunos elementos” podrían estar siendo infiltrados o utilizados por estructuras como el ELN.
En un contexto donde las movilizaciones en Bogotá ya acumulan un 17% más eventos que en 2024 —con más de 1.485 protestas registradas hasta el 16 de octubre de 2025— este hecho adquiere especial gravedad al cruzar la línea entre protesta y ataque urbano organizado.
En ese sentido, el alcalde Galán hizo un llamado formal a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se investigue la financiación, la logística y la cadena de mando detrás de los hechos.