La Armada de Colombia dio un duro golpe a las redes de narcotráfico que operan en el Caribe colombiano con la incautación de más de 650 kilogramos de drogas ilícitas en aguas cercanas a Cabo de la Vela, en La Guajira.
La operación, ejecutada por Guardacostas y Aeronavales, también dejó como resultado la captura de tres personas y la confiscación de una embarcación tipo Go Fast, junto con equipos de navegación.
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El operativo se activó cuando un avión Patrullero Marítimo de la Armada Nacional detectó una motonave que navegaba a alta velocidad y con comportamiento sospechoso en la zona bajo vigilancia.
Inmediatamente se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que interceptó la embarcación al suroeste de Cabo de la Vela y procedió a inspeccionarla.
Durante el registro, los efectivos hallaron 30 costales que contenían más de 800 paquetes con sustancias ilícitas. El análisis realizado por personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional determinó que se trataba de 508,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 150,7 kilogramos de marihuana, cuyo valor comercial internacional asciende a 24 millones de dólares.
Según las autoridades, el decomiso impidió la distribución de aproximadamente 1,2 millones de dosis de cocaína y 25.000 dosis de marihuana en el mercado internacional, afectando directamente las finanzas de las organizaciones narcotraficantes que operan en la región.
En el desarrollo de la operación, fueron capturados tres individuos, dos de nacionalidad dominicana y uno colombiano. Los detenidos, junto con la embarcación, la droga y los equipos de navegación, quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
Colombia ha sido históricamente uno de los principales productores de cocaína a nivel mundial, lo que ha generado impactos profundos en su economía, seguridad y desarrollo social.
Durante décadas, los cultivos de coca se expandieron impulsados por la demanda internacional, especialmente desde Estados Unidos y Europa, consolidando economías ilícitas que financiaron grupos armados ilegales y contribuyeron a la violencia estructural en varias regiones del país.
Las estrategias tradicionales para enfrentar este fenómeno se centraron en la erradicación forzosa de cultivos y la interdicción con apoyo militar extranjero, principalmente estadounidense.
En respuesta a estas dinámicas, la administración del presidente Gustavo Petro ha promovido un enfoque alternativo basado en la salud pública, la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo social.
La estrategia busca ofrecer a los agricultores alternativas legales de subsistencia mediante el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, acompañado de inversión en educación, infraestructura y salud en los territorios afectados.
Los resultados muestran avances significativos: en 2024 se erradicaron voluntariamente 2.711 hectáreas, cifra que ascendió a 22.433 en 2025, limitando el crecimiento de los cultivos de coca al 3% en 2024 sin recurrir a la fumigación.
No obstante, la posición de Colombia ha sido objeto de presiones internacionales. En 2025, Estados Unidos descertificó al país como socio confiable en la lucha contra las drogas, citando “niveles récord” de producción de cocaína y los intentos de negociación con grupos criminales.
Esta decisión, formalizada en la “Determinación presidencial sobre los países de tránsito o producción importante de drogas ilícitas para el año fiscal 2026”, implica la reducción de ayudas para interdicción y seguridad. Como parte de la respuesta, las autoridades colombianas han sostenido reuniones con la DEA y otras agencias estadounidenses para coordinar cooperación judicial y operativa, buscando demostrar que los avances en incautaciones, extradiciones y captura de miembros de grupos criminales siguen siendo significativos.
El Gobierno colombiano sostiene que la guerra contra las drogas ha demostrado ser insuficiente y que la solución pasa por políticas de corresponsabilidad global, reducción de daños y fortalecimiento del desarrollo rural.
La producción de cocaína está concentrada en pocos municipios fronterizos, y la estrategia nacional apunta a invertir en infraestructura, educación y salud en estas zonas. De este modo, Colombia apuesta a transformar la política internacional de drogas, tratando el consumo como un asunto de salud pública y priorizando alternativas legales frente al enfoque exclusivamente punitivo y militarizado.